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FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN JULIO 2018

  1. -El contribuyente -y no el Ayuntamiento- es quien debe acreditar, que el inmueble urbano que ha vendido no ha sufrido un incremento del valor de los terrenos desde el momento de su adquisición, si quiere obtener la devolución del dinero pagado en concepto del impuesto de plusvalía municipal -Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)-.

Una vez presentada la prueba, explica el ponente, el magistrado Aguallo Avilés, “deberá ser la Administración la que prueba en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del Texto Refundido de la Ley de de Haciendas Locales (TRLHL)”.

2.- En el BOE de 4 de julio, se ha publicado la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (en adelante LPGE), en vigor, salvo alguna excepción, el día 5 de julio de 2018. En el ámbito tributario, la mayoría de las normas se contienen en su título VI –arts. 59 a 98, ambos inclusive–, y muchas de las medidas que incorpora son las que habitualmente recoge esta norma: escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, determinación del interés legal del dinero y del de demora, establecimiento de las actividades prioritarias de mecenazgo y de los beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se califican como de excepcional interés público o regulación y actualización de determinadas tasas de ámbito estatal. No obstante, también introduce cambios, aunque no de gran calado, que afectan a algunas de las distintas figuras del sistema impositivo español, concretamente:

En el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se elevan los porcentajes o cuantías en deducciones tales como: la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación; la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla; la deducción por maternidad, por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo; y se introduce una nueva deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. También se incrementan los importes de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo para rentas bajas y se incrementa el importe íntegro exento del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

En cuanto al impuesto sobre sociedades se modifica la regulación de las rentas procedentes de determinados activos intangibles o patent box, la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales y el régimen legal de los pagos fraccionados en relación con las entidades de capital–riesgo. También se clarifica que la Administración tributaria es el órgano competente para comprobar las pérdidas contables que se convierten en activos fiscales.

En relación con el impuesto sobre el valor añadido, la modificación principal aplicable a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos se refiere a la reducción de tipos impositivos para los servicios de salas de cinematografía y de tele asistencia y ayuda a domicilio y la posibilidad de obtener la devolución del impuesto soportado en régimen de viajeros, cualquiera que sea el importe de la operación, desapareciendo el límite preexistente. A partir del 1 de enero de 2019 se introducen importantes modificaciones en la determinación del lugar de realización de las operaciones relativas a servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y servicios prestados por vía electrónica; así como en la exención referida a agrupaciones y uniones temporales.

3.- Legislación:

El desistimiento expreso sin ingreso de una solicitud de aplazamiento en periodo voluntario determina el inicio del periodo ejecutivo al día siguiente del plazo de ingreso en voluntario

La única actuación de un tercero obligado, ante cualquier modificación respecto del deudor principal o de la relación que mantiene con él, es la de comunicarla a la Administración tributaria

La inadmisión de la solicitud de suspensión sin garantía determinará la inmediata reanudación del procedimiento de recaudación, considerándose no producida la suspensión cautelar

La suspensión cautelar concedida con la solicitud de suspensión inicial del contribuyente, debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico-Administrativo competente

La mera participación en los préstamos vinculados en el crowdlending no obliga presentar el modelo 720

Contratar un productor ejecutivo o “por encargo” no supone actuar mediante establecimiento permanente

El traspaso del Plan Universal de la Mutualidad de la Abogacía a un plan de pensiones está sometido a retención

Indemnización satisfecha por accesión invertida u ocupación del terreno ajeno

Compensación de pérdidas patrimoniales de ejercicios anteriores derivadas de operaciones en bolsa realizadas a través de una cuenta bróker

Aplicación del art. 1.227 CC y prescripción del ITP que gravaba una compraventa realizada mediante documento privado por fallecimiento del vendedor

 

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN JUNIO 2018

1)La empresa debe poner a disposición del trabajador, en el momento de la comunicación del despido, el total de la indemnización legalmente prevista de la que podrá detraer, en empresas de menos de 25 trabajadores, la cantidad que asume el fondo de garantía salarial (Fogasa), esto es, el 40 por ciento de la indemnización siempre que no supere los topes del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), debiendo la empresa, caso de que los supere, poner a disposición tal exceso también.

Así, lo determina el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2018, en la que determina que la cantidad debe ascender no únicamente al 60 por ciento de la indemnización sino a la total cuantía de la indemnización restando únicamente lo que debe abonar el Fogasa) teniendo en cuenta los límites previstos en el artículo 33.8 del ET.

2)El próximo 25 de julioes el último día para que la mayor parte de las empresas presenten el impuesto sobre sociedades, por lo que es conveniente saber qué cambia y qué no cambia con respecto al ejercicio anterior. En lo que respecta a las últimas novedades introducidas, el último año no ha sido muy pródigo en legislación en torno a esta figura tributaria, siendo las principales novedades tributarias las introducidas por el Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS).

En este real decreto, las novedades se dividen según su entrada en vigor, de manera que tenemos las siguientes:

Las de aplicación para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, las cuales ya han tenido que aplicarse el año pasado, con la presentación del impuesto sobre sociedades del 2016.

Las de aplicación con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018.

Por otra parte, algunas de las medidas que se recogían en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, también fueron aplicables para ejercicios iniciados a partir de enero de 2016, como la inclusión como contribuyentes del impuesto sobre sociedades de las sociedades civiles con objeto mercantil, que dejaron de tributar en régimen de atribución de rentas.

En relación con el tipo general aplicable para el impuesto sobre sociedades del 2017, será el 25 %, el mismo que en el ejercicio 2016.

 3)El Tribunal Supremo establece como doctrina que el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes -art. 57.1.b) Ley 58/2003 (LGT) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.

4)Es laboral la relación que une a los profesores con las academias que imparten cursos de formación profesional ocupacional

No es necesario que el contrato de relevo (celebrado durante 2008) para cubrir jubilaciones parciales con reducción de la jornada de trabajo y del salario superior al 75 % (hasta el 85 %) sea indefinido y a tiempo completo

Transmisión de empresa. Responsabilidad solidaria de 3 años prevista en el artículo 44.3 del ET. ¿Actúa como singular plazo de prescripción

Modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo vestida deius variandiempresarial. El plazo de caducidad de 20 días para la impugnación es aplicable en todo caso

Es nulo el cese durante julio y agosto de los profesores interinos de centros no universitarios

La TGSS es competente para comprobar si la baja del trabajador en Seguridad Social comunicada por la empresa es voluntaria o involuntaria

Las cotizaciones realizadas en una actividad durante la suspensión por incompatibilidad de la prestación de IPA son computables para el cálculo de la base reguladora de la pensión restablecida

Cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación de trabajador migrante que acredita periodos de cotización en España y Bélgica. El Supremo rectifica su doctrina

TSJ. Cese por ineptitud sobrevenida y mejora voluntaria con base en el mismo proceso patológico: cabe exigir las dos indemnizaciones al empresario

TSJ. Las complicaciones derivadas de una operación de cirugía estética sí dan derecho a subsidio de incapacidad temporal

Reparto de comida preparada a domicilio. El caso Deliveroo.Existe relación laboral

5)Es procedente el despido de un trabajador que publica en una red social, como Facebook, imágenes de mal gusto, que atentan contra la dignidad de las personas, identificándose en la propia red como empleado de la empresa, según establece el Juzgado de lo Social número 2 de Palma de Mallorca, en sentencia de 28 de febrero de 2018.

El ponente, el juez titular del Juzgado, Tejada Bagur, estima que aunque la irregularidad imputada al trabajador no se produce en el ámbito de su propia función profesional, y que respecto a los contenidos de Facebook referidos no se mantuvieron muchos días publicados, considera que “es significativo que la propia entidad Facebook eliminara el referido contenido al considerarlo inapropiado”.

El juez, en la sentencia, razona que el contrato de trabajo sujeta a las partes contratantes al mutuo deber de acomodar su comportamiento, a lo largo de todo el desarrollo de la relación laboral, a las exigencias que comporta el básico principio de la buena fe.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN MAYO 2018

1) La Audiencia Nacional establece que no es correcto abonar el salario a los trabajadores dividiendo el salario anual entre 12, de manera que perciban durante todos los meses del año la misma cantidad al dividirlo entre 360 días, 30 por mes. En sentencia de 19 de febrero de 2018, la magistrada Ruiz-Jarabo Quemada, ponente del fallo, expresa que la retribución mensual que se debe abonar a los empleados debe variar según los meses tengan o no 31 días.

De esta forma, la Justicia considera que, aunque no existe impacto sobre los trabajadores que desarrollan su actividad durante un mes completo, sí que lo tiene en casos de nuevas incorporaciones, en los trabajadores que han estado en situación de incapacidad temporal, excedencia o en los casos en que se produce una ampliación o reducción de jornada a lo largo de un mes.

Así, lo procedente, según la Audiencia, para el cálculo del salario en ese mes, será dividir el salario anual entre 12 y la cantidad resultante dividirla entre 31 días, cantidad que se deberá multiplicar por el número de días trabajados.

El sistema de retribución llevada a cabo por la empresa en cuestión consiste en dividir el salario anual de convenio entre 360 días (12 meses de 30 días cada mes, entendido como mes tipo), retribuyendo una cantidad fija mensual con independencia de los días que tenga el mes que se retribuye, de modo que todas las nóminas son de 30 días con independencia de los días que tenga el mes.

Por este motivo, expone la sentencia que “en los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre en los supuestos de excedencia, o casos de nuevas incorporaciones, cuando los trabajadores no trabajan el mes completo, la empresa procede a retribuir sobre el mes tipo de 30 días, dejando de retribuir un día”. Y añade que si “un trabajador se incorpora en mayo, que tiene 31 días, el día 15 del mes la empresa proceda a retribuir la diferencia de días hasta los 30, es decir que retribuye 15 días cuando el trabajador ha prestado servicios 16 días”.

2) TJUE. El rechazo por entidades religiosas a la contratación de trabajadores ajenos a su confesión es posible, pero está sujeta a límites controlables por los tribunales

Fútbol profesional y responsabilidad extracontractual. No es indemnizable el daño sufrido en un ojo por un espectador a consecuencia de un balonazo

Retribución de las vacaciones. En ausencia de regulación convencional ¿cuándo se entiende que un complemento se ha percibido de manera habitual?

Es nula la modificación sustancial colectiva de las condiciones de trabajo cuya decisión final, adoptada por la empresa tras periodo de consultas cerrado sin acuerdo, no se notifica a los representantes de los trabajadores

Acumulación de demanda por despido y de extinción por incumplimiento del empresario (art. 50 ET). Resolución de ambas en favor del trabajador. Procedencia de salarios de tramitación

Los reconocimientos médicos son obligatorios para escoltas y vigilantes de seguridad

Accidente cardiovascular en el gimnasio. Es laboral si el trabajador tuvo síntomas de malestar durante el trabajoReposición de prestaciones por desempleo. ERTE en una empresa, seguido de ERTE en otra y extinción en esta última

TSJ. El ictus sufrido por una cuidadora interna en domingo (día pactado de descanso), mientras dormía en la casa en la que prestaba servicios, es accidente de trabajo

TSJ. Beneficiario de pensión de incapacidad permanente total cualificada que inicia nueva profesión en actividad diferente. La mutua no tiene derecho al reintegro del capital coste de renta correspondiente al incremento del 20 %

3) La solicitud de rectificación de autoliquidación presentada por quien soporta la repercusión del IVA debe notificarse al empresario que lo repercutió

El procedimiento de comprobación censal no interrumpe la prescripción del derecho a liquidar el IVA

La declaración de un valor de mercancías importadas anormalmente bajo en relación con el valor estadístico medio de mercancías comparables constituye duda fundada sobre su exactitud

Incompatibilidad de los gastos de patrocinio tenidos en cuenta a efectos del cálculo del límite de la deducción por apoyo a acontecimientos de excepcional interés público con su consideración de gastos fiscalmente deducibles

El recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio no afecta a la situación jurídica particular que deriva de la resolución recurrida

No toda utilización indebida del procedimiento de verificación de datos comporta la nulidad de pleno derecho de aquél

La modificación de la propuesta inicial del acuerdo sancionador por apreciar comisión repetida no requiere dar trámite de audiencia al interesado

Criptomonedas: imputación temporal en IRPF teniendo en cuenta que la emisión de la orden de venta de la moneda virtual y la percepción del dinero se producen en momentos diferentes

Aplicación de la exención por reinversión por unos cónyuges en régimen de separación de bienes y con porcentajes de participación en la vivienda habitual distintos

Adquirir acciones de la empresa en que se trabaja, si están depositadas en el extranjero, obliga a presentar el modelo 720

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN ABRIL 2018

1) Los Registros Mercantiles exigirán este año, junto con el depósito de cuentas anuales de cada sociedad mercantil, que aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25 por ciento de su capital social, presenten una declaración a cerca de ella.

Así se establece en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, publicada ayer en el BOE y que hoy entra en vigor.

En general se entiende por titular real a la persona o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Si el control es indirecto por medio de persona jurídica debe indicarse su identidad.

2) TS. Permisos retribuidos. Matrimonio, nacimiento de hijo y fallecimiento de familiar. Debe iniciarse su disfrute en día laborabl.  Solicitud de reingreso tras excedencia voluntaria. No existen vacantes aun cuando la empresa deje sin contenido puestos similares de otros trabajadores cuyos contratos se extinguen.Despido de trabajador cuya enfermedad es equiparable a discapacidad. Para que sea nulo se exige la inexistencia o insuficiencia de medidas de ajuste razonables

  1. No es posible percibir pensión de gran invalidez generada en dos regímenes de la Seguridad Social distintos teniendo en cuenta cotizaciones diferentes
  2. Orfandad. Fecha de efectos de la pensión cuando esta es solicitada por el tutor, una vez designado para este cargo
  3. Proceso de despido colectivo. Ni la LRJS ni el ET vedan la posibilidad de ejercitar acciones individuales mientras se sustancia la impugnación colectiva

TSJ. Empresas de alimentación que cuentan con espacios al aire libre. ¿Pueden prohibir a sus trabajadores que fumen durante la pausa para el bocadillo?

TSJ. Indemnización por brecha salarial: la generación automática de un daño moral determina que su cuantificación con base en criterios salariales sea razonable

3) Es admisible como prueba en el orden social la grabación de una conversación entre una trabajadora y la letrada y apoderada de la empresa en un proceso de despido, si no afectar el contenido de la conversación a otra cosa que a las relaciones laborales, según establece el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una sentencia.

El ponente, el magistrado Criado Fernández, determina que la conversación grabada no incluye “hechos propios del ámbito protegido por el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución Española (CE)”.

Se refiere el magistrado a la sentencia del Tribunal Constitucional nº 114/1984, de 29 de noviembre, que señala que “no constituye contravención alguna del secreto de las comunicaciones, la conducta del interlocutor en la conversación que graba ésta”. Y añade que “no hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje”.

4) Un crédito concursal de la Agencia Tributaria (Aeat) por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a ingresar no puede compensarse con otro crédito a favor de la masa del concurso por el impuesto a devolver, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia, fechada el 11 de enero de 2018.

El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, determina que la liquidación practicada, como consecuencia de las facturas rectificativas que los acreedores concursales emitieron a la vista de la declaración de concurso, afloró un IVA a ingresar. Este crédito a favor de la Aeat se considera concursal. Y las facturas rectificativas emitidas tras la declaración corresponden a hechos imponibles anteriores al concurso.

Este IVA a ingresar, que constituía un crédito concursal, se hubiera podido compensar con el impuesto a devolver de ejercicios anteriores a la declaración de concurso, pero no con el IVA a devolver de ejercicios posteriores al concurso.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN MARZO DE 2018

1) Se ha incorporado en los portales de IVA y Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) un nuevo servicio de ayuda denominado “Localizador de prestación de servicios”, que resolverá las principales dudas planteadas cuando el empresario realiza este tipo de operación con clientes o proveedores extranjeros.

En concreto, esta herramienta indica dónde se localiza un servicio y, por tanto, si está sujeto al IVA, quién debe declarar el IVA devengado en la operación o cómo se declara en caso de no estar sujeta en el territorio de aplicación del impuesto español; también indicará si en la factura se debe o no repercutir IVA.

2) Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana», aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre 

2)  Es nula una cláusula estatutaria en la que se determina que el puesto de consejero delegado o ejecutivo es gratuito, pero que el consejo de administración puede acordar la remuneración que tenga por conveniente sin acuerdo de la Junta general de la sociedad y sin necesidad de previsiones estatutarias.

Así lo determina el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de 26 de febrero de 2018, en la que establece que la posibilidad de fijar una retribución para los consejeros delegados es contradictoria con el carácter gratuito del cargo de administrador expresado en esa cláusula.

La sentencia deja en el aire la actuación de Hacienda ante quienes han actuado de esta manera, siguiendo las indicaciones de algunos despachos, favorables a la interpretación rechazada por el Tribunal Supremo

3) Mediante la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo (BOE de 6 de marzo), se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora del  Sistema RED:

Incorporando, entre las actuaciones que pueden ser objeto de transmisión electrónica a través de ese Sistema, una nueva comunicación de datos que permitirá agilizar el reconocimiento de prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Extendiendo de forma obligatoria su aplicación entre otros a los trabajadores  cuenta propia integrados en el reta y en el regimen especial de trabajadores del mar.

La Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, publicada en el BOE de 6 de marzo, modifica el objeto y los ámbitos objetivo y subjetivo del Sistema RED regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.

Se da nueva redacción al artículo 1 de la Orden de 2013 con el fin de dotar a la regulación de mayor precisión, actualizar las referencias normativas y, principalmente, recoger una nueva actuación a transmitir mediante el Sistema RED.

4)  El Tribunal Supremo permite revisar el correo de los empleados si se utilizan medios de detección de palabras clave y no se realiza una búsqueda “indiscriminada” y sin ningún patrón. La sentencia, de 8 de febrero de 2018, declara procedente un despido por transgresión de la buena fe contractual, a un vendedor de la empresa afectada que aceptó que un proveedor le pague el importe de un vehículo.

El fallo estudia la validez del examen ponderado del correo electrónico, mediando prohibición expresa de la empleadora. “El Supremo explica que los factores que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) deben tenerse en cuenta en la obligada ponderación de intereses, se reconducen básicamente a los tres sucesivos juicios de idoneidad, “necesidad y proporcionalidad requeridos por el Tribunal Constitucional que han sido escrupulosamente respetados”,

5) El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación interpuesto por un cónyuge que fue condenado a satisfacer una pensión compensatoria de 500 euros y, en caso de pérdida de empleo o reducción de salario de su ex esposa, que trabaja en la empresa propiedad del mismo, la cantidad que la misma deje de percibir hasta completar la cantidad que recibía por este, es decir hasta 1.900 euros.

En sentencia de 7 de marzo de 2018, el Alto Tribunal expone que “por la misma razón que cabe un juicio prospectivo de futuro que prevea la finalización del desequilibrio en un determinado momento, también es posible en casos como este hacer el juicio prospectivo inverso, esto es, cuándo se empezará a producir el desequilibrio cuando los ingresos de la esposa pueden pender exclusivamente de la decisión unilateral del esposo de hacer desaparecer la fuente de ingresos de esta”.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN FEBRERO 2018

1.- Jurisprudencia

Que se pueda identificar el precio de una prestación accesoria no facilita que se le aplique un tipo reducido de IVA

El Supremo reitera la constitucionalidad del régimen de notificaciones electrónicas obligatorias

El acuerdo de liquidación dictado antes de recibirse las alegaciones al acta no tiene la virtualidad de terminar el procedimiento de inspección

IIVTNU: El Supremo analizará si la interpretación dada por el Juzgado C-A n.º 1 de Cartagena sobre la carga de la prueba de la minusvalía es o no un exceso interpretativo de la STC 59/2017

Jurisprudencia pendiente sobre IVA: Tributación de los servicios prestados por los directivos de las Cajas de ahorro en sus entidades participadas y tributación de los swaps/IRS

Ante la disparidad de pronunciamientos judiciales, el Supremo acepta valorar si la extinción parcial del condominio tributaría por AJD en vez de por ITP

España no es competente para analizar las circunstancias que rodean la presentación de las solicitudes de devolución del IVA por los no establecidos en sus Estados de origen

No poder pagar la hipoteca no justifica el abandono de la vivienda habitual y no se aplicará el tipo reducido en ITP

La pérdida de incentivos económicos por una reforma legal no impide la exigencia del ICIO

La Administración no puede inventar un método para la valoración de un estanco

2) La obligación del trabajador de tener que atender llamadas y presentarse en el luar de trabajo en tiempo breve debe ser considerado como “tiempo de trabajo”. Así lo confirma la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) publicada este martes 21 de febrero, que ha resuelto el caso de un bombero belga que pedía que se reconociera como horas trabajadas el tiempo dedicado en guardia domiciliaria.

El trabajador afectado era bombero  formaba parte del servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelles (Bélgica). En la demanda que presentó en un primer momento, el bombero solicitó, entre otras cosas, una indemnización de daños y perjuicios por sus servicios de guardia domiciliaria, que, en su opinión, deben considerarse tiempo de trabajo.

La Cour du Travail de Bruxelles (Tribunal Laboral Superior de Bruselas), que conoce del litigio en segunda instancia, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En esencia, desea saber si los servicios de guardia domiciliaria pueden considerarse comprendidos en la definición de tiempo de trabajo establecida en la Directiva 2003/88/CE de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

3) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) se ha convertido en caballo de batalla entre los contribuyentes, los ayuntamientos y los tribunales, que se encuentran a la espera de que el Gobierno presente el proyecto de ley para modificar el impuesto sobre plusvalía.

La Sentencia de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, que anula los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (TRLRHL) ha abierto la “guerra de la plusvalía”, y algunos ayuntamientos ya han presentado recursos al Tribunal Supremo.

4.- Auditoría

Con respecto al párrafo de énfasis, según NIA-ES 706 revisada, la aplicación del párrafo de énfasis está bastante limitada. Solamente se aplicará en aquellos casos, en los que, informándose debidamente en la memoria, se produzcan las siguientes circunstancias:

–             Hechos posteriores significativos, que, explicándose en la memoria convenientemente, el auditor considere conveniente resaltar y no afecten a la continuidad de la empresa.

–             Litigios importantes, que, explicándose en la memoria convenientemente, el auditor considere conveniente resaltar y no afecten a la continuidad de la empresa.

–             Aplicación anticipada de una nueva normativa contable, cuando esto fuera factible.

–             Catástrofes importantes que, explicándose en la memoria convenientemente, el auditor considere conveniente resaltar y no afecten a la continuidad de la empresa.

Respecto al párrafo de otras cuestiones, también, según NIA-ES 706 revisada, está bastante limitada. Solamente se aplicará en los casos siguientes:

–             Circunstancias excepcionales en los cuales el auditor no haya podido renunciar al encargo, queriendo hacerlo por la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, debido a una limitación al alcance de la auditoría impuesta por la dirección que sea generalizada.

–             Cifras del ejercicio anterior hubiera sido auditaras por otro auditor.

5) Los reportes impresos de los correos electrónicos carecen de la consideración de prueba documental y por tanto no son hábiles a efectos del artículo 193.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), según establece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, en sentencia de 7 de junio de 2017.

Sin embargo, “esta doctrina de suplicación no es pacífica con respecto a los correos electrónicos -más bien sobre la impresión en papel del reporte de datos, con texto incluido, de los mismos- que se aportan como prueba en el acto del juicio son prueba documental hábil a efectos revisorios”,

Así, una sentencia del TSJ de Aragón de 17 de noviembre de 2010 sostiene la tesis favorable. Parte el Tribunal de que se trata de documentos hábiles, aunque en el caso concreto resuelve que de los mismos no se deriva el error denunciado.

El TSJ de Cataluña, en sentencia de 18 de julio de 2016, que cita otra previa de 11 de diciembre de 2013, parte de la aceptación de que son prueba de instrumentos regulados en el artículo 384 de la LRJS, pero a continuación reseña que se ha admitido la posibilidad de que se imprima su contenido y se aporten como documentos.

6) La Audiencia Nacional establece que la notificación de incidencias a los empleados mediante una plataforma informática, cuando anteriormente se hacía por correo electrónico, no constituye modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo, que requiera período de consultas previo. De este modo, el fallo avala el cambio y rechaza que suponga una exigencia al personal afectado de funciones adicionales que no sean acordes a su competencia profesional.

La sentencia, de 12 de diciembre de 2017, apunta que “la variación de las funciones ha de suponer una alteración de tal entidad que suponga la clasificación de los trabajadores afectados en grupo profesional distinto del inicialmente asignado, teniendo en cuenta que la mera asignación de tareas propias de otro grupo profesional”. De este modo, añade que esta medida “no implica por sí mismo una variación de la clasificación de los trabajadores afectados, si la ejecución de las funciones correspondientes a otro grupo no son aquellas a las que el trabajador haya de dedicar más tiempo en la ejecución”.

La organización sindical demandante sostenía que con la implantación del uso obligatorio de la plataforma digital se han atribuido a los técnicos comerciales de la empresa demandada funciones propias de los administrativos, aumentando desmesuradamente su carga de trabajo. Sin embargo, el magistrado Gallo Llanos, ponente de la sentencia, asegura que estos hechos “no han resultado probados, pues lo único que se ha acreditado es que las comunicaciones de incidencias que antes de la implantación de la plataforma se comunicaban por email, desde la implantación de la misma se efectúan a través de dicha herramienta”.

7) A partir del 1 de julio de 2018, la Orden  HFP/187/2018, de 22 de febrero  (BOE de 27 de febrero) introduce las siguientes modificaciones de carácter meramente formal y técnico en la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del IVA:

Se añade un campo identificativo (NIF de la entidad sucesora en la identificación de la factura), para los registros de facturación realizados por una entidad en su condición de sucesora de otra entidad por operaciones de re estructuración societaria.

Se añade, en el libro registro de facturas recibidas, la clave de factura “LC Aduanas – Liquidación complementaria”.

8) Se aclara la confusión en la interpretación del art. 89.Cinco Ley 37/1992 (Ley IVA) planteada por la demanda, señalando que existen dos plazos sucesivos: uno para rectificar las cuotas impositivas repercutidas (4 años, con independencia de si la rectificación es al alza o a la baja), y otro, para que el sujeto pasivo regularice su situación tributaria (1 año si la rectificación es a la baja y regulariza mediante declaración-liquidación)

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de febrero de 2018 aclara la confusión de plazos que se le plantea por la recurrente, esquematizando el art. 89 Ley 37/1992 (Ley IVA) y asociando a cada uno de los supuestos que se regulan en él, el plazo a que están sometidos en orden a la regularización del IVA que se requiere ejecutar tras la modificación de la base imponible por las causas del art. 80 de la norma.

 

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN ENERO DE 2018

1) El Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, introduce para facilitar el embargo de depósitos y cuentas en las entidades de crédito, extiende el procedimiento a todos los bienes y derechos existentes en la entidad y no sólo a los que consten en la oficina a la cual iba dirigido el embargo de la Administración Tributaria, tal y como venía ocurriendo.

También, se establece una medida equivalente para el embargo de valores depositados. En este caso, se habilita que las diligencias de embargo de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan ser objeto de presentación telemática cuando así se convenga con el destinatario, en términos similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios.

Por otra parte, la prohibición legal de disposición de determinados bienes inmuebles por las sociedades en aquellos casos en que se haya embargado determinadas acciones o participaciones de las mismas, implica el establecimiento de un mecanismo de inscripción registral de dicha prohibición, a cuyos efectos se introduce la posibilidad de realizar una anotación preventiva de dicha prohibición en el Registro de la Propiedad correspondiente.

El Real Decreto modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados, en particular, el procedimiento de subasta para agilizar y simplificar dichos procedimientos así como la potenciación de los medios electrónicos.

De esta forma, en los procesos de enajenación de los bienes embargados, solo se requerirán los títulos de propiedad para proceder a su subasta si no son facilitados por los obligados y los mismos no consten en el Registro de la Propiedad.

2) La jurisprudencia recién acuñada por el Tribunal Supremo sobre la subsanación de defectos de las solicitudes de suspensión permite un respiro al contribuyente por cuanto le abre un nuevo procedimiento voluntario de pago, sin recargos y sin sanciones.

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2017 fija la interpretación de los arts. 46 RD 520/2005 (Rgto. de revisión en vía administrativa) -apartados 3 y 4-, y los apartados Cuarto.4.2.3 y Cuarto 4.2.4 Resolución de 21 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la AEAT (Criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los TEAS y la AEAT) en el sentido de que:

“Cuando, solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada (que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación o cuyos defectos ya han sido subsanados) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo.”.

 3) El BOE del 30 de diciembre de 2017 publica un conjunto de disposiciones que, con mayor o menor alcance, inciden en el área socio laboral

Determinación del salario mínimo interprofesional (SMI), a través del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018, con la complementación contenida en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.

Fijación de la revalorización para 2018 de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como la determinación de los importes de otras prestaciones sociales públicas: Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre.

Modificación de la regulación reglamentaria (Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos), en el ámbito de la acción protectoradel Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), a fin de acomodar su contenido a las modificaciones incorporadas por el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, como consecuencia de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, modificaciones que entran en vigor el día 1 de enero de 2018: Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre.

Modificación del ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en las Direcciones Provinciales de Barcelona, Ciudad Real, Madrid y ValenciaResolución de 4 de diciembre de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Modificación por el Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembredel Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (RD 138/2000, de 4 de febrero), y del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social (RD 928/1998, de 14 de mayo), para adaptarlos a una de las principales novedades que introdujo la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del 21 de julio de 2015, que fue la creación de dos Escalas especializadas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: la ya existente de Empleo y Seguridad Social y la nueva Escala de Seguridad y Salud laboral creada por la citada ley.

Actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de grado III, Gran Dependencia (190,13 euros/mes); grado II, Dependencia Severa (84,49 euros/mes) y grado I, Dependencia Moderada (47,38 euros/mes): Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre.

Prórroga durante 2018 de la vigencia de la Orden ESS/1/2012, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012, exclusivamente a los efectos de la contratación de trabajadores para campañas agrícolas de temporadaOrden ESS/1309/2017, de 28 de diciembre.

4) Los trabajadores que prestan servicios en una compañía contratados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) cuentan para las cuotas de igualdad de la entidad en la que realizan sus trabajos. La Audiencia Nacional sostiene, en una sentencia de 11 de diciembre de 2017, que estos trabajadores tienen derecho a que se les aplique en su totalidad las medidas adoptadas en el Plan de Igualdad de dicha entidad.

“Por definición, toda medida que se encuentre contemplada en un Plan de Igualdad tiene como finalidad primordial lograr el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo, lo que encaja con el objetivo perseguido por el artículo 11 de la LETT que es la equiparación total entre trabajadores contratados por la empresa usuaria y los trabajadores cedidos”, señala el fallo. “Ningún espigueo normativo se produce en el presente caso, ya que cualquier conflicto de normas que pudiera ocasionarse por ser diferente la normativa aplicable a la empresa usuaria y a la ETT es resuelto por el artículo 11 de la LETT a favor de la aplicación de la que vincule a los contratados por la empresa usuaria, a cuyo régimen se equipara a los trabajadores puestos a disposición”, añade.

El magistrado Gallo Llanos, ponente de la sentencia, entiende que “ninguna trascendencia debe darse a la alegación relativa a que a la hora de negociarse el Plan de Igualdad en la empresa, no se analizase la situación de los trabajadores puestos a disposición por la ETT, por cuanto que la equiparación en derechos existe en el derecho nacional desde la entrada en vigor de la Ley 35/2010”. En este sentido, apunta que “la no referencia explícita a los planes de igualdad en el mencionado artículo 11 no implica la exclusión de los mismos, ya que deben equipararse a la referencia genérica disposiciones, lo que a su vez facilita la equiparación de las medidas adoptadas en el seno de aquellas empresas que por no alcanzar el número de 250 trabajadores no están obligadas a negociar planes de igualdad”.

5) Los contribuyentes que desde el 15 de junio de 2017 -fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en el BOE- hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al que los compraron y, a pesar de ello tuvieron que tributar por la plusvalía municipal, podrán reclamar, si no lo han hecho ya, una vez que entre en vigor la reforma del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (LHL), y recibir la devolución de este tributo, ya que, según la sentencia del Tribunal Constitucional (TC ) se declararon inconstitucionales varios artículos que regulaban su base imponible, y no debieron pagarlo.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS A LO LARGO DE NOVIEMBRE DE 2017

1) Durante el mes de noviembre de 2017 los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y determinadas entidades que cerraron sus Cuentas Anuales el 31 de diciembre de 2017, están obligados a formalizar y presentar el nuevo modelo 232, establecido por la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto (BOE 30/08/2017), por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

La información a proporcionar tiene tres partes:

Información operaciones con personas o entidades vinculadas según articulo 13.4 RIS)

Operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20 LIS).

Operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales.

Las dos primeras se tratan de información sobre operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, la última se trata de informar sobre las operaciones y tenencia de valores en paraísos fiscales, se hayan realizado con partes vinculadas o no.

2) El Tribunal Supremo (TS) establece que la demanda por la que se solicita indemnización tras un despido por daños morales derivados de una vulneración de derechos fundamentales debe expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración y la cuantía de la indemnización pretendida especificando los diversos daños y perjuicios.

No obstante, según el Alto Tribunal “cuando resulte difícil su estimación detallada pueden utilizarse los criterios de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) como orientativos para fijar la indemnización”.

El fallo especifica que “con carácter general la demanda debe expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración y la cuantía de la indemnización pretendida especificando los diversos daños y perjuicios”.

Tratándose de daños morales, “cuando resulte difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las normas para la determinación de la indemnización”.

En el caso analizado, la vulneración de los derechos fundamentales ha quedado acreditada y estimada tanto por el juzgado de instancia como por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por ello, el Supremo considera que “la solicitud de indemnización contenida en la demanda presentada por el trabajador tiene suficiencia, y que la sentencia recurrida no acierta cuando deniega la solicitud por no acreditar las bases para calcular la indemnización solicitada”.

Para la fijación de la cantidad de la indemnización, el TS señala que “la jurisprudencia admite como criterio orientativo los criterios de la LISOS para fijar la indemnización por daños morales”.

En el caso analizado, la decisión extintiva respondió a una reacción por testificar el trabajador en un pleito de despido colectivo, pro ello, considera que “lo sucedido dificulta el ejercicio de la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que supone una actuación empresarial que se puede considerar grave”. De este modo, parece lógico acudir a las sanciones previstas en la LISOS para las infracciones empresariales muy graves, entre las que se encuentra “las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación”.

Por lo tanto, el Supremo estima el recurso, casa y anula la sentencia recurrida previamente. Así, declara adecuada la indemnización por daño moral exigida por el empleado de 30.000 euros en concepto de daños morales.

El asunto parte de la denuncia de un trabajador, miembro del comité de empresa, que es despedido disciplinariamente tras prestar testimonio en un juicio, que la empresa considera falso.

3) La negligencia del notario que autorizó una escritura sin las menciones necesarias para que su cliente pudiera disfrutar de un beneficio fiscal le hacen responsable frente a él.

4) Jurisprudencia

El TJUE censura el exceso de celo en la protección de los intereses fiscales de los Estados miembros respecto de la tributación de los beneficios matriz-filial

La falta de motivación del acuerdo de ampliación de actuaciones no se subsana porque el interesado no formulara alegaciones cuando se adoptó

El Supremo analizará cómo debe entenderse el devengo del ISD y del IP a la hora de valorar si las actividades de largo ciclo productivo son la principal fuente de renta del causante

Deducción por doble imposición por dividendos repartidos con carácter previo a la venta de las participaciones

La acreditación del valor de un bien inmueble puede efectuarse por otros medios distintos a la factura

Los dividendos solo son aptos para dotar la RIC cuando se trata de la dominante de un grupo fiscal

Intervención del tercer perito dirimente y reformatio in peius

De existir fuerza mayor no sería aplicable a las obligaciones tributarias

No instar ab initio la tasación pericial contradictoria no conlleva la preclusión del derecho a la tramitación de ese procedimiento

El asesor fiscal está obligado a conocer la normativa sectorial aplicable a su cliente y que afecta a la tributación

5) El poder disciplinario del empresario. Sanción impuesta al trabajador por acudir al centro de trabajo conduciendo su vehículo particular, al haber sido considerado en reconocimiento médico como apto con limitaciones, entre ellas la de conducir vehículos a motor. Posibilidad de sufrir accidente in itinere.

La conducta imputada al trabajador de acudir al trabajo conduciendo su coche no aparece recogida como falta sancionable en el convenio colectivo aplicable. Es por ello que la empresa le traslada la orden directa de no acudir o volver del trabajo conduciendo, orden que la empresa considera que desobedece el trabajador. Se considera por la Sala que la misma no es legítima, ya que se refiere a actuaciones del trabajador que se encuentran fuera del ámbito laboral. Al tratarse de la vida del trabajador ajena al ámbito laboral, el poder de dirección de la empresa no le alcanza, por lo que se declara la improcedencia de la sanción.

6) La Ley Concursal no exige que las irregularidades contables detectadas en un procedimiento se hayan realizado dentro de un determinado periodo de tiempo anterior a la declaración de concurso.

Así lo determina el Tribunal Supremo, en una sentencia de 24 de octubre de 2017, en la que se establece que todo ello, sin perjuicio de que el tiempo en que hayan sido realizadas las irregularidades contables pueda ser valorado por el tribunal para juzgar sobre uno de los elementos que conforman el tipo, que es la relevancia de las irregularidades en relación con la comprensión de la situación patrimonial y financiera del concursado.

El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, por el contrario, si responde a limites temporales la determinación de la persona afectada por la calificación, en el caso de que el administrador o el apoderado general de la sociedad responsable de las irregularidades cuando estas se produjeron, ya no tuviera esta condición en los dos años previos a la declaración de concurso.

7) La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida prevista en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, conocida como ‘tarifa plana’, “no es aplicable en los casos en los que no hay creación de empleo indefinido neto, porque la contratación indefinida efectuada afecta a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en empresas de las que el empleador interesado es sucesor en virtud de una subrogación dimanante de convenio colectivo”.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN OCTUBRE DEL 2017

1) El Tribunal Supremo (TS) rechaza que las empresas deban incorporar en las cartas de despido los motivos por los que eligen a un empleado para formar parte de un procedimiento de despido colectivo. En este sentido, el Supremo recuerda que la ley no exige que se incorporen los criterios de selección, ni los concretos razonamientos relativos a la elección del trabajador despedido.

La sentencia, de 12 de septiembre de 2017, entiende que el trabajador afectado conoce los criterios que ha seguido la empresa para su selección, tras la negociación previa del despido colectivo -o Expediente de Regulación de Empleo (ERE)-. En todo caso, subraya que los motivos deben aparecer en la comunicación del procedimiento.

De este modo, el fallo subraya que la comunicación individual o la carta de despido del trabajador afectado tiene por obligada indicación, exclusivamente, la expresión de la causa motivadora del despido en términos compatibles con el derecho de defensa del interesado. “Resultaría en absoluto razonable pretender que en cada comunicación individual del cese se hagan constar, de manera expresa y pormenorizada, los prolijos criterios de selección que normalmente han de utilizarse en los procedimientos que afecten a grandes empresas y numerosos afectados, dándole así a la indicada carta de despido una extensión tan desmesurada como innecesaria”

2) El hecho de que un trabajador haga caso omiso de las advertencias y señales que recuerdan en su centro de trabajo la prohibición de fumar en el conjunto de sus instalaciones, incluido el lavabo, basta para el despido. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Burgos, en una sentencia de 7 de junio de 2017, establece que esta actitud está calificada como falta muy grave, por lo que considera que el despido es procedente.

No obstante, el Tribunal recuerda la gravedad y culpabilidad en este tipo de faltas. En este caso, además, el afectado había insultado a un compañero cuando éste le recriminó sus acciones. El TSJ recuerda que esta otra conducta también está recogida por la ley y en el convenio como falta muy grave. Sin embargo, solo con una de estas acciones el despido ya está justificado. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia avala que baste con que exista sólo alguno de estos dos motivos para que el empleador pueda despedir a un trabajador.

3) La conformidad de los socios de una sociedad limitada, al no rechazar en su momento que los administradores sociales cobrasen diversas cantidades de la sociedad con anterioridad a la modificación de los estatutos para incluir sus retribuciones, impide que se pueda exigir la devolución de esas cantidades, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 19 de septiembre de 2017.

El ponente, el magistrado Sarazá Jimena, razona que la conducta de los accionistas, al consentir las retribuciones, era “apta para generar fundadamente en los administradores la confianza en una coherencia futura sobre tal cuestión”. Y, por ello, concluye que éstos podían percibir la remuneración por haber sido acordada por todos los socios y en que no se les iba a reclamar la devolución de tales cantidades. Así lo ha declarado este tribunal en luna sentencia previa, de 18 de junio de 2013.

A continuación, el magistrado determina que esa conducta del demandante no puede impedir que más adelante deje de estar conforme con que los administradores sigan percibiendo esas retribuciones que carecen de una previsión estatutaria válida que las sustente.

Determina que su conducta era concluyente en generar la confianza en que no se reclamara la devolución de las retribuciones percibidas con su consentimiento, pero no para generar la confianza en que seguiría prestando su consentimiento indefinidamente.

En el caso en litigio destaca, además, que es preciso tener en cuenta que se observó un cambio radical en las circunstancias, pues antes, la retribución percibida por la administradora social constituía ingresos de su núcleo familiar, de los que el demandante también podía disfrutar pues constituían un matrimonio, pero cuando se divorció de dicha administradora, dejó de disfrutar de tales ingresos y, como razona la Audiencia Provincial, los beneficios de la sociedad se repartieron en la práctica entre los dos administradores, sin que el demandante, socio minoritario, pudiera disfrutar de tales beneficios sociales.

Un principio básico de la disciplina de la retribución de los administradores sociales en nuestro ordenamiento jurídico es, a diferencia de lo que ocurre en otros, el de la necesidad de su determinación estatutaria. En la sentencia del TS de 25 de junio de junio de 201 , se afirma que el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas podía interpretarse en el sentido de que exige la constancia en los estatutos del sistema de retribución de los administradores de la sociedad, sin que sea necesaria la concreción de una cuantía determinada.

En el caso en litigio, no existía una previsión estatutaria de un sistema de retribución, sino una remisión a la decisión que sobre tal cuestión adoptara en cada ejercicio la junta general.

4) La normativa española que prohíbe la venta por debajo de costes de forma generalizada no se ajusta a la legislación comunitaria y tiene ya los días contados. Es lo que ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala así también los últimos informes dictados en este mismo sentido en España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En 2005 la directiva europea estableció de una forma clara y precisa cuáles son las prácticas desleales en las relaciones comerciales, y que pueden, por lo tanto prohibirse de un forma generalizada sin necesidad de un examen previo.

El problema de fondo es que ese listado, con un total de 31 prácticas irregulares, no incluyó en ningún momento la venta por debajo de costes, prohibida en España desde el año 1996 por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista con carácter general salvo en dos excepciones: cuando se trate de productos perecederos que estén próximos a su fecha de caducidad o cuando se trate de acercar los precios a los de otros competidores.

5) Ley de Autónomos

Estas son las novedades más significativas:

  • Se reducen los recargos de la Seguridad Social por ingresos fuera de plazo, siempre que se abonen las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso, reduciendo en este caso el recargo del 20% al 10 %. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Respecto a los supuestos de pluriactividad, ya no será necesario que el trabajador autónomo solicite y demuestre el exceso de cotización, será la Seguridad Social, de oficio, la que devolverá antes del 1 de mayo del siguiente año el exceso de cotización. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Tarifa Plana de Autónomos, ampliación de 6 a 12 meses de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia.  Se reduce el plazo de 5 a 2 años sin cotizar en el RETA para poder beneficiarse de la misma o de 5 a 3 años en caso de haber disfrutado con anterioridad de la tarifa plana. La Ley introduce un nuevo supuesto de tarifa plana para aquellas mujeres autónomas que retornen a una actividad por cuenta propia dentro de los dos años siguientes a la fecha de cese por descanso por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Flexibilización para cursar alta y baja en la Seguridad Socialhasta tres veces al año abonando la cuota del RETA en función de los días efectivamente trabajados. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Facilidad para modificar la base de cotización. Se amplía esta posibilidad de 2 a 4 veces al año con efectos los días 1 de Abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de enero del año siguiente, respecto de la solicitud realizada respectivamente en el trimestre anterior a cada fecha. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Conciliación de la vida familiar y laboral. Se amplía la bonificación del 100 % de la cuota de autónomos por contingencias comunes durante 12 meses por cuidado de menores de 7 años que se amplía hasta menores de 12 años. Respecto a la bonificación del 100 % de la cuota a causa de maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, queda ampliado al supuesto de guarda con fines de adopción y ya no es requisito imprescindible la simultánea sustitución del trabajador por cuenta propia mediante un contrato de interinidad bonificado, aunque continua siendo compatible. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Respecto a la jubilación, compatibiliza la posibilidad de cobrar el 100 % de la pensión con el mantenimiento de una actividad por cuenta propia con la premisa de tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Si no se tiene contratado trabajador por cuenta ajena continua vigente la compatibilidad del cobro de la pensión del 50%. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Queda equiparado a los trabajadores por cuenta ajena el accidente “in itinere”de los trabajadores por cuenta propia, siempre que se cotice por riesgos profesionales. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Bonificación por la contratación indefinida de familiares. Esta bonificación opera para contrataciones como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y dará lugar a una bonificación del 100% durante un periodo de 12 meses. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • La base mínima de cotización para los trabajadores autónomos que hayan tenido contratado a su servicio, de manera simultánea, un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez y aquellos autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2 letras b) y e) del RDL 8/2015, de 30 de octubre, se desvincula del SMI y se determinará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Estudio del concepto de habitualidad a efectos de inclusión en el RETA. La subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos constituida en el Congreso de los Diputados, procederá a la determinación de los diferentes elementos que condicionan el concepto de habitualidad, prestando especial atención a los ingresos íntegros que no superan el SMI, a los efectos de la incorporación a este régimen. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Deducibilidad en el IRPF de los gastos de suministros de vivienda parcialmente afecta a la actividad económica. Se establece una regla objetiva para la deducibilidad de los gastos de suministros (agua, gas, electricidad, telefonía o internet), en el porcentaje de aplicar el 30 % a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. Como ejemplo, si residimos en una vivienda de 100 m2 en la que además tenemos afecta a una actividad económica 20 m2 y unos consumos en suministros de 180,00 €, el contribuyente podrá deducirse como gasto 180,00 € x 0,20 x 0,30 = 10,80 €, es decir, en el caso concreto un 6%. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Deducibilidad en el IRPF de los gastos de manutención del propio contribuyenteincurridos en el desarrollo de la actividad económica que también serán deducibles siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando medios electrónicos de pago. La limitación cuantitativa es la establecida reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores, es decir, 26,67 €/ día si el gastos se produce en España y 48,08 € /día si es en el extranjero. En el caso de pernoctar los límites aumentan a lo legalmente establecido. Entrada en vigor 1-1-2018.

6) El contrato de arrendamiento firmado por uno de los cónyuges no forma parte de los bienes gananciales del matrimonio y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del mismo.

El derecho de la viuda a continuar en la vivienda arrendada, tras el fallecimiento de su esposo que era titular del contrato, solo puede derivar de la subrogación prevista en el artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964.

Así, lo establece el Tribunal Supremo (TS), en un auto de 18 de octubre de 2017, que declara que el derecho de la esposa a la subrogación es parte del contenido de la locación e independiente del régimen de bienes del arrendatario.

El ponente, Salas Carceller considera que esta situación es perfectamente compatible con el régimen de subrogación impuesto por los artículos 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 y 16 de la LAU de 1994 .

7) En el caso en que la Inspección de Hacienda descubra operaciones ocultas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no facturadas, se considera que el IVA se encuentra incluido en el precio pactado por las partes por dichas operaciones, según establece el Tribunal Supremo, en una sentencia de 27 de septiembre de 2017.

El ponente, el magistrado Fernández Montalvo, explica que esta doctrina es consecuencia de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la distinción entre las ventas correctamente contabilizadas para la determinación de las correspondientes bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades (IS) o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en las que se entiende incluido en el precio el IVA, y las ventas sustraídas a la legalidad tributaria en las que Hacienda entendía que no procedía tal inclusión.

Recuerda el ponente que el TJUE, en sentencia de de 7 de noviembre de 2017, ha establecido como doctrina judicial que cuando un contrato de compraventa se celebra sin mención del IVA, considerar la totalidad del precio -sin deducción- como la base a la que se aplica el IVA, tendría como consecuencia, en el supuesto de que el Derecho nacional no permita al vendedor recuperar del adquirente el impuesto después exigido por la Administración tributaria, que el IVA gravaría a dicho vendedor, en contra del principio de que se trata de un impuesto sobre el consumo que debe soportar el consumidor final.

 

 

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN SEPTIEMBRE DEL 2017

1) El empresario o profesional que tiene intención, confirmada por elementos objetivos, de iniciar con carácter independiente una actividad económica y realiza los primeros gastos de inversión, debe ser considerado sujeto pasivo, y al actuar como tal, tiene derecho a deducir de inmediato el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) devengado o ingresado por los gastos de inversión efectuados por las necesidades de las operaciones que pretende realizar y que tengan derecho a deducción, sin esperar al inicio de la explotación efectiva.

Así, lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de julio de 2017, que determina que el criterio preferente para proceder a la deducción del IVA soportado antes del inicio efectivo de las operaciones gravadas es la intención de destinar los bienes o servicios adquiridos o recibidos a una determinada actividad empresarial.

Así, señala el ponente, el magistrado Martínez Micó -en línea con la sentencia de la propia Sala- de 7 de marzo de 2014-, que una vez nacido el derecho, sigue existiendo aunque la actividad económica considerada no diera lugar a operaciones sujetas a gravamen o aunque el sujeto pasivo no hubiera podido utilizar los bienes en operaciones sujetas al impuesto a causa de circunstancias ajenas a su voluntad.

2) En la gradación de incapacidad de los trabajadores las lesiones que son supuestamente iguales pueden diferenciarse por el modo en que afectan a cada trabajador, o en su repercusión funcional, según establece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, en sentencia de 20 de julio de 2017.

El ponente, el magistrado Castro Mejuto, considera que los Tribunales Superiores de Justicia han renunciado a establecer criterios generales y abstractos que organicen la inclusión de las situaciones de incapacidad permanente (IP) en uno u otro grado, y niegan la posibilidad de establecer comparaciones entre diversos supuestos resueltos judicialmente de forma distinta. A este respecto, cita la sentencia del Tribunal Supremo (TS), de 9 de marzo de 1995, en que se reconoce expresamente esta circunstancia.

La decisión debe acomodarse a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas particularidades del caso a enjuiciar -según la sentencia del TS de 2 de abril de 1992- que lo diferenciarán de las situaciones de otros distintos afectados, tanto por la incidencia de otras lesiones, como por la concreta actividad desempeñada por el mismo, que es la determinante a efectos de esa valoración – como establece el TS en su sentencia de 23 de noviembre de 2011-.

3) El hecho de que una empleada se encuentre ausente por un permiso de maternidad durante todo o la mayor parte de su periodo de prácticas o de prueba no habilita a la empresa o a la Administración empleadora a dar por no superada dicha fase. Al contrario, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la empleada tiene derecho a reincorporarse al puesto al que optaba y a disfrutar del periodo de prueba para que sea evaluada su aptitud para ocuparlo.

La sentencia, del 7 de septiembre, se apoya en la Directiva 2010/18, que aplica el Acuerdo marco sobre el permiso parental, y que determina en el apartado 1 de su cláusula 5 que “al final del permiso parental el trabajador tendrá derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo o, en caso de imposibilidad, un trabajo equivalente o similar”. El apartado 2, por su parte, determina que los derechos adquiridos o en curso de adquisición al inicio del permiso deberán mantenerse sin modificaciones hasta el final del mismo.

4) Jurisprudencia

Responsabilidad por sanciones: en los procedimientos abiertos al aprobarse la Ley 7/2012 no procede anular el acuerdo de responsabilidad sino retrotraer actuaciones para que el responsable se manifieste sobre si acepta en conformidad o no

Notificar el inicio de un nuevo procedimiento junto con la caducidad del anterior no es irregular

Exceso en la provisión por depreciación de participaciones de grupo, multigrupo y asociadas y ajustes por errores contables

Inadmisión de la comprobación inspectora de la deducción por reinversión que había sido objeto de una comprobación limitada anterior

Asistir como observador a ferias es deducible en el IS como actividad de exportación

La Inspección no ha justificado la utilización del método del coste incrementado para la valoración de operaciones vinculadas

No cabe cuestionar la renuncia a la exención del IVA una vez impugnada la comprobación de valores por el ITP y AJD

Son ilegales las grabaciones obtenidas clandestinamente por el contribuyente en las actuaciones inspectoras, en las que pretende fundar coerción ilegal para firmar el acta

No cabe exigir que el heredero obtenga ingresos superiores al 50 por ciento respecto de la entidad constituida meses antes de la muerte del causante para aplicar la reducción del ISD

En apelación no puede condenarse por delito fiscal a una sociedad que no fue objeto de acusación en la instancia

5) Una modificación sustancial de las condiciones esenciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario y que sea perjudicial para los empleados tiene la consideración de despido de acuerdo con el Derecho europeo. Ello, siempre que dichas modificaciones se produzcan por motivos no inherentes a la persona del trabajador -la situación económica de la empresa, por ejemplo-. En consecuencia, cuando la empresa impulse un cambio sustancial de estos elementos del contrato que afecte a amplio número trabajadores -los definidos en los umbrales de la legislación-, ésta deberá tramitarse como despido colectivo.

En sentido inverso, tal y como determina el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en dos sentencias de 21 de septiembre -de las que ha sido ponente el magistrado Biltgen-, una modificación no sustancial de elementos no esenciales del contrato no podrá calificarse como despido y, en consecuencia, su tramitación no deberá seguir el procedimiento fijado para los ceses de carácter colectivo.

La Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, establece una protección mínima que todos los países de la UE deben garantizar a sus trabajadores sometidos a un procedimiento de este tipo, destinado a minorar, en la medida de lo posible, los efectos adversos del mismo. En la norma se exige que la empresa lleve a cabo determinados trámites de información y consulta previos a la adopción de la medida, tanto con la representación de los trabajadores como con la autoridad laboral a fin de preservar los derechos de los empleados.

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