Boletines

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN ENERO DE 2018

1) El Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, introduce para facilitar el embargo de depósitos y cuentas en las entidades de crédito, extiende el procedimiento a todos los bienes y derechos existentes en la entidad y no sólo a los que consten en la oficina a la cual iba dirigido el embargo de la Administración Tributaria, tal y como venía ocurriendo.

También, se establece una medida equivalente para el embargo de valores depositados. En este caso, se habilita que las diligencias de embargo de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan ser objeto de presentación telemática cuando así se convenga con el destinatario, en términos similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios.

Por otra parte, la prohibición legal de disposición de determinados bienes inmuebles por las sociedades en aquellos casos en que se haya embargado determinadas acciones o participaciones de las mismas, implica el establecimiento de un mecanismo de inscripción registral de dicha prohibición, a cuyos efectos se introduce la posibilidad de realizar una anotación preventiva de dicha prohibición en el Registro de la Propiedad correspondiente.

El Real Decreto modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados, en particular, el procedimiento de subasta para agilizar y simplificar dichos procedimientos así como la potenciación de los medios electrónicos.

De esta forma, en los procesos de enajenación de los bienes embargados, solo se requerirán los títulos de propiedad para proceder a su subasta si no son facilitados por los obligados y los mismos no consten en el Registro de la Propiedad.

2) La jurisprudencia recién acuñada por el Tribunal Supremo sobre la subsanación de defectos de las solicitudes de suspensión permite un respiro al contribuyente por cuanto le abre un nuevo procedimiento voluntario de pago, sin recargos y sin sanciones.

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2017 fija la interpretación de los arts. 46 RD 520/2005 (Rgto. de revisión en vía administrativa) -apartados 3 y 4-, y los apartados Cuarto.4.2.3 y Cuarto 4.2.4 Resolución de 21 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la AEAT (Criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los TEAS y la AEAT) en el sentido de que:

“Cuando, solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada (que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación o cuyos defectos ya han sido subsanados) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo.”.

 3) El BOE del 30 de diciembre de 2017 publica un conjunto de disposiciones que, con mayor o menor alcance, inciden en el área socio laboral

Determinación del salario mínimo interprofesional (SMI), a través del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018, con la complementación contenida en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.

Fijación de la revalorización para 2018 de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como la determinación de los importes de otras prestaciones sociales públicas: Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre.

Modificación de la regulación reglamentaria (Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos), en el ámbito de la acción protectoradel Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), a fin de acomodar su contenido a las modificaciones incorporadas por el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, como consecuencia de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, modificaciones que entran en vigor el día 1 de enero de 2018: Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre.

Modificación del ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en las Direcciones Provinciales de Barcelona, Ciudad Real, Madrid y ValenciaResolución de 4 de diciembre de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Modificación por el Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembredel Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (RD 138/2000, de 4 de febrero), y del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social (RD 928/1998, de 14 de mayo), para adaptarlos a una de las principales novedades que introdujo la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del 21 de julio de 2015, que fue la creación de dos Escalas especializadas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: la ya existente de Empleo y Seguridad Social y la nueva Escala de Seguridad y Salud laboral creada por la citada ley.

Actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de grado III, Gran Dependencia (190,13 euros/mes); grado II, Dependencia Severa (84,49 euros/mes) y grado I, Dependencia Moderada (47,38 euros/mes): Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre.

Prórroga durante 2018 de la vigencia de la Orden ESS/1/2012, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012, exclusivamente a los efectos de la contratación de trabajadores para campañas agrícolas de temporadaOrden ESS/1309/2017, de 28 de diciembre.

4) Los trabajadores que prestan servicios en una compañía contratados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) cuentan para las cuotas de igualdad de la entidad en la que realizan sus trabajos. La Audiencia Nacional sostiene, en una sentencia de 11 de diciembre de 2017, que estos trabajadores tienen derecho a que se les aplique en su totalidad las medidas adoptadas en el Plan de Igualdad de dicha entidad.

“Por definición, toda medida que se encuentre contemplada en un Plan de Igualdad tiene como finalidad primordial lograr el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo, lo que encaja con el objetivo perseguido por el artículo 11 de la LETT que es la equiparación total entre trabajadores contratados por la empresa usuaria y los trabajadores cedidos”, señala el fallo. “Ningún espigueo normativo se produce en el presente caso, ya que cualquier conflicto de normas que pudiera ocasionarse por ser diferente la normativa aplicable a la empresa usuaria y a la ETT es resuelto por el artículo 11 de la LETT a favor de la aplicación de la que vincule a los contratados por la empresa usuaria, a cuyo régimen se equipara a los trabajadores puestos a disposición”, añade.

El magistrado Gallo Llanos, ponente de la sentencia, entiende que “ninguna trascendencia debe darse a la alegación relativa a que a la hora de negociarse el Plan de Igualdad en la empresa, no se analizase la situación de los trabajadores puestos a disposición por la ETT, por cuanto que la equiparación en derechos existe en el derecho nacional desde la entrada en vigor de la Ley 35/2010”. En este sentido, apunta que “la no referencia explícita a los planes de igualdad en el mencionado artículo 11 no implica la exclusión de los mismos, ya que deben equipararse a la referencia genérica disposiciones, lo que a su vez facilita la equiparación de las medidas adoptadas en el seno de aquellas empresas que por no alcanzar el número de 250 trabajadores no están obligadas a negociar planes de igualdad”.

5) Los contribuyentes que desde el 15 de junio de 2017 -fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en el BOE- hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al que los compraron y, a pesar de ello tuvieron que tributar por la plusvalía municipal, podrán reclamar, si no lo han hecho ya, una vez que entre en vigor la reforma del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (LHL), y recibir la devolución de este tributo, ya que, según la sentencia del Tribunal Constitucional (TC ) se declararon inconstitucionales varios artículos que regulaban su base imponible, y no debieron pagarlo.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS A LO LARGO DE NOVIEMBRE DE 2017

1) Durante el mes de noviembre de 2017 los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y determinadas entidades que cerraron sus Cuentas Anuales el 31 de diciembre de 2017, están obligados a formalizar y presentar el nuevo modelo 232, establecido por la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto (BOE 30/08/2017), por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

La información a proporcionar tiene tres partes:

Información operaciones con personas o entidades vinculadas según articulo 13.4 RIS)

Operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20 LIS).

Operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales.

Las dos primeras se tratan de información sobre operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, la última se trata de informar sobre las operaciones y tenencia de valores en paraísos fiscales, se hayan realizado con partes vinculadas o no.

2) El Tribunal Supremo (TS) establece que la demanda por la que se solicita indemnización tras un despido por daños morales derivados de una vulneración de derechos fundamentales debe expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración y la cuantía de la indemnización pretendida especificando los diversos daños y perjuicios.

No obstante, según el Alto Tribunal “cuando resulte difícil su estimación detallada pueden utilizarse los criterios de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) como orientativos para fijar la indemnización”.

El fallo especifica que “con carácter general la demanda debe expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración y la cuantía de la indemnización pretendida especificando los diversos daños y perjuicios”.

Tratándose de daños morales, “cuando resulte difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las normas para la determinación de la indemnización”.

En el caso analizado, la vulneración de los derechos fundamentales ha quedado acreditada y estimada tanto por el juzgado de instancia como por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por ello, el Supremo considera que “la solicitud de indemnización contenida en la demanda presentada por el trabajador tiene suficiencia, y que la sentencia recurrida no acierta cuando deniega la solicitud por no acreditar las bases para calcular la indemnización solicitada”.

Para la fijación de la cantidad de la indemnización, el TS señala que “la jurisprudencia admite como criterio orientativo los criterios de la LISOS para fijar la indemnización por daños morales”.

En el caso analizado, la decisión extintiva respondió a una reacción por testificar el trabajador en un pleito de despido colectivo, pro ello, considera que “lo sucedido dificulta el ejercicio de la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que supone una actuación empresarial que se puede considerar grave”. De este modo, parece lógico acudir a las sanciones previstas en la LISOS para las infracciones empresariales muy graves, entre las que se encuentra “las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación”.

Por lo tanto, el Supremo estima el recurso, casa y anula la sentencia recurrida previamente. Así, declara adecuada la indemnización por daño moral exigida por el empleado de 30.000 euros en concepto de daños morales.

El asunto parte de la denuncia de un trabajador, miembro del comité de empresa, que es despedido disciplinariamente tras prestar testimonio en un juicio, que la empresa considera falso.

3) La negligencia del notario que autorizó una escritura sin las menciones necesarias para que su cliente pudiera disfrutar de un beneficio fiscal le hacen responsable frente a él.

4) Jurisprudencia

El TJUE censura el exceso de celo en la protección de los intereses fiscales de los Estados miembros respecto de la tributación de los beneficios matriz-filial

La falta de motivación del acuerdo de ampliación de actuaciones no se subsana porque el interesado no formulara alegaciones cuando se adoptó

El Supremo analizará cómo debe entenderse el devengo del ISD y del IP a la hora de valorar si las actividades de largo ciclo productivo son la principal fuente de renta del causante

Deducción por doble imposición por dividendos repartidos con carácter previo a la venta de las participaciones

La acreditación del valor de un bien inmueble puede efectuarse por otros medios distintos a la factura

Los dividendos solo son aptos para dotar la RIC cuando se trata de la dominante de un grupo fiscal

Intervención del tercer perito dirimente y reformatio in peius

De existir fuerza mayor no sería aplicable a las obligaciones tributarias

No instar ab initio la tasación pericial contradictoria no conlleva la preclusión del derecho a la tramitación de ese procedimiento

El asesor fiscal está obligado a conocer la normativa sectorial aplicable a su cliente y que afecta a la tributación

5) El poder disciplinario del empresario. Sanción impuesta al trabajador por acudir al centro de trabajo conduciendo su vehículo particular, al haber sido considerado en reconocimiento médico como apto con limitaciones, entre ellas la de conducir vehículos a motor. Posibilidad de sufrir accidente in itinere.

La conducta imputada al trabajador de acudir al trabajo conduciendo su coche no aparece recogida como falta sancionable en el convenio colectivo aplicable. Es por ello que la empresa le traslada la orden directa de no acudir o volver del trabajo conduciendo, orden que la empresa considera que desobedece el trabajador. Se considera por la Sala que la misma no es legítima, ya que se refiere a actuaciones del trabajador que se encuentran fuera del ámbito laboral. Al tratarse de la vida del trabajador ajena al ámbito laboral, el poder de dirección de la empresa no le alcanza, por lo que se declara la improcedencia de la sanción.

6) La Ley Concursal no exige que las irregularidades contables detectadas en un procedimiento se hayan realizado dentro de un determinado periodo de tiempo anterior a la declaración de concurso.

Así lo determina el Tribunal Supremo, en una sentencia de 24 de octubre de 2017, en la que se establece que todo ello, sin perjuicio de que el tiempo en que hayan sido realizadas las irregularidades contables pueda ser valorado por el tribunal para juzgar sobre uno de los elementos que conforman el tipo, que es la relevancia de las irregularidades en relación con la comprensión de la situación patrimonial y financiera del concursado.

El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, por el contrario, si responde a limites temporales la determinación de la persona afectada por la calificación, en el caso de que el administrador o el apoderado general de la sociedad responsable de las irregularidades cuando estas se produjeron, ya no tuviera esta condición en los dos años previos a la declaración de concurso.

7) La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida prevista en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, conocida como ‘tarifa plana’, “no es aplicable en los casos en los que no hay creación de empleo indefinido neto, porque la contratación indefinida efectuada afecta a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en empresas de las que el empleador interesado es sucesor en virtud de una subrogación dimanante de convenio colectivo”.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN OCTUBRE DEL 2017

1) El Tribunal Supremo (TS) rechaza que las empresas deban incorporar en las cartas de despido los motivos por los que eligen a un empleado para formar parte de un procedimiento de despido colectivo. En este sentido, el Supremo recuerda que la ley no exige que se incorporen los criterios de selección, ni los concretos razonamientos relativos a la elección del trabajador despedido.

La sentencia, de 12 de septiembre de 2017, entiende que el trabajador afectado conoce los criterios que ha seguido la empresa para su selección, tras la negociación previa del despido colectivo -o Expediente de Regulación de Empleo (ERE)-. En todo caso, subraya que los motivos deben aparecer en la comunicación del procedimiento.

De este modo, el fallo subraya que la comunicación individual o la carta de despido del trabajador afectado tiene por obligada indicación, exclusivamente, la expresión de la causa motivadora del despido en términos compatibles con el derecho de defensa del interesado. “Resultaría en absoluto razonable pretender que en cada comunicación individual del cese se hagan constar, de manera expresa y pormenorizada, los prolijos criterios de selección que normalmente han de utilizarse en los procedimientos que afecten a grandes empresas y numerosos afectados, dándole así a la indicada carta de despido una extensión tan desmesurada como innecesaria”

2) El hecho de que un trabajador haga caso omiso de las advertencias y señales que recuerdan en su centro de trabajo la prohibición de fumar en el conjunto de sus instalaciones, incluido el lavabo, basta para el despido. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Burgos, en una sentencia de 7 de junio de 2017, establece que esta actitud está calificada como falta muy grave, por lo que considera que el despido es procedente.

No obstante, el Tribunal recuerda la gravedad y culpabilidad en este tipo de faltas. En este caso, además, el afectado había insultado a un compañero cuando éste le recriminó sus acciones. El TSJ recuerda que esta otra conducta también está recogida por la ley y en el convenio como falta muy grave. Sin embargo, solo con una de estas acciones el despido ya está justificado. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia avala que baste con que exista sólo alguno de estos dos motivos para que el empleador pueda despedir a un trabajador.

3) La conformidad de los socios de una sociedad limitada, al no rechazar en su momento que los administradores sociales cobrasen diversas cantidades de la sociedad con anterioridad a la modificación de los estatutos para incluir sus retribuciones, impide que se pueda exigir la devolución de esas cantidades, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 19 de septiembre de 2017.

El ponente, el magistrado Sarazá Jimena, razona que la conducta de los accionistas, al consentir las retribuciones, era “apta para generar fundadamente en los administradores la confianza en una coherencia futura sobre tal cuestión”. Y, por ello, concluye que éstos podían percibir la remuneración por haber sido acordada por todos los socios y en que no se les iba a reclamar la devolución de tales cantidades. Así lo ha declarado este tribunal en luna sentencia previa, de 18 de junio de 2013.

A continuación, el magistrado determina que esa conducta del demandante no puede impedir que más adelante deje de estar conforme con que los administradores sigan percibiendo esas retribuciones que carecen de una previsión estatutaria válida que las sustente.

Determina que su conducta era concluyente en generar la confianza en que no se reclamara la devolución de las retribuciones percibidas con su consentimiento, pero no para generar la confianza en que seguiría prestando su consentimiento indefinidamente.

En el caso en litigio destaca, además, que es preciso tener en cuenta que se observó un cambio radical en las circunstancias, pues antes, la retribución percibida por la administradora social constituía ingresos de su núcleo familiar, de los que el demandante también podía disfrutar pues constituían un matrimonio, pero cuando se divorció de dicha administradora, dejó de disfrutar de tales ingresos y, como razona la Audiencia Provincial, los beneficios de la sociedad se repartieron en la práctica entre los dos administradores, sin que el demandante, socio minoritario, pudiera disfrutar de tales beneficios sociales.

Un principio básico de la disciplina de la retribución de los administradores sociales en nuestro ordenamiento jurídico es, a diferencia de lo que ocurre en otros, el de la necesidad de su determinación estatutaria. En la sentencia del TS de 25 de junio de junio de 201 , se afirma que el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas podía interpretarse en el sentido de que exige la constancia en los estatutos del sistema de retribución de los administradores de la sociedad, sin que sea necesaria la concreción de una cuantía determinada.

En el caso en litigio, no existía una previsión estatutaria de un sistema de retribución, sino una remisión a la decisión que sobre tal cuestión adoptara en cada ejercicio la junta general.

4) La normativa española que prohíbe la venta por debajo de costes de forma generalizada no se ajusta a la legislación comunitaria y tiene ya los días contados. Es lo que ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala así también los últimos informes dictados en este mismo sentido en España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En 2005 la directiva europea estableció de una forma clara y precisa cuáles son las prácticas desleales en las relaciones comerciales, y que pueden, por lo tanto prohibirse de un forma generalizada sin necesidad de un examen previo.

El problema de fondo es que ese listado, con un total de 31 prácticas irregulares, no incluyó en ningún momento la venta por debajo de costes, prohibida en España desde el año 1996 por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista con carácter general salvo en dos excepciones: cuando se trate de productos perecederos que estén próximos a su fecha de caducidad o cuando se trate de acercar los precios a los de otros competidores.

5) Ley de Autónomos

Estas son las novedades más significativas:

  • Se reducen los recargos de la Seguridad Social por ingresos fuera de plazo, siempre que se abonen las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso, reduciendo en este caso el recargo del 20% al 10 %. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Respecto a los supuestos de pluriactividad, ya no será necesario que el trabajador autónomo solicite y demuestre el exceso de cotización, será la Seguridad Social, de oficio, la que devolverá antes del 1 de mayo del siguiente año el exceso de cotización. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Tarifa Plana de Autónomos, ampliación de 6 a 12 meses de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia.  Se reduce el plazo de 5 a 2 años sin cotizar en el RETA para poder beneficiarse de la misma o de 5 a 3 años en caso de haber disfrutado con anterioridad de la tarifa plana. La Ley introduce un nuevo supuesto de tarifa plana para aquellas mujeres autónomas que retornen a una actividad por cuenta propia dentro de los dos años siguientes a la fecha de cese por descanso por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Flexibilización para cursar alta y baja en la Seguridad Socialhasta tres veces al año abonando la cuota del RETA en función de los días efectivamente trabajados. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Facilidad para modificar la base de cotización. Se amplía esta posibilidad de 2 a 4 veces al año con efectos los días 1 de Abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de enero del año siguiente, respecto de la solicitud realizada respectivamente en el trimestre anterior a cada fecha. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Conciliación de la vida familiar y laboral. Se amplía la bonificación del 100 % de la cuota de autónomos por contingencias comunes durante 12 meses por cuidado de menores de 7 años que se amplía hasta menores de 12 años. Respecto a la bonificación del 100 % de la cuota a causa de maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, queda ampliado al supuesto de guarda con fines de adopción y ya no es requisito imprescindible la simultánea sustitución del trabajador por cuenta propia mediante un contrato de interinidad bonificado, aunque continua siendo compatible. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Respecto a la jubilación, compatibiliza la posibilidad de cobrar el 100 % de la pensión con el mantenimiento de una actividad por cuenta propia con la premisa de tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Si no se tiene contratado trabajador por cuenta ajena continua vigente la compatibilidad del cobro de la pensión del 50%. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Queda equiparado a los trabajadores por cuenta ajena el accidente “in itinere”de los trabajadores por cuenta propia, siempre que se cotice por riesgos profesionales. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Bonificación por la contratación indefinida de familiares. Esta bonificación opera para contrataciones como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y dará lugar a una bonificación del 100% durante un periodo de 12 meses. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • La base mínima de cotización para los trabajadores autónomos que hayan tenido contratado a su servicio, de manera simultánea, un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez y aquellos autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2 letras b) y e) del RDL 8/2015, de 30 de octubre, se desvincula del SMI y se determinará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Estudio del concepto de habitualidad a efectos de inclusión en el RETA. La subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos constituida en el Congreso de los Diputados, procederá a la determinación de los diferentes elementos que condicionan el concepto de habitualidad, prestando especial atención a los ingresos íntegros que no superan el SMI, a los efectos de la incorporación a este régimen. Entrada en vigor 26-10-2017.
  • Deducibilidad en el IRPF de los gastos de suministros de vivienda parcialmente afecta a la actividad económica. Se establece una regla objetiva para la deducibilidad de los gastos de suministros (agua, gas, electricidad, telefonía o internet), en el porcentaje de aplicar el 30 % a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. Como ejemplo, si residimos en una vivienda de 100 m2 en la que además tenemos afecta a una actividad económica 20 m2 y unos consumos en suministros de 180,00 €, el contribuyente podrá deducirse como gasto 180,00 € x 0,20 x 0,30 = 10,80 €, es decir, en el caso concreto un 6%. Entrada en vigor 1-1-2018.
  • Deducibilidad en el IRPF de los gastos de manutención del propio contribuyenteincurridos en el desarrollo de la actividad económica que también serán deducibles siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando medios electrónicos de pago. La limitación cuantitativa es la establecida reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores, es decir, 26,67 €/ día si el gastos se produce en España y 48,08 € /día si es en el extranjero. En el caso de pernoctar los límites aumentan a lo legalmente establecido. Entrada en vigor 1-1-2018.

6) El contrato de arrendamiento firmado por uno de los cónyuges no forma parte de los bienes gananciales del matrimonio y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del mismo.

El derecho de la viuda a continuar en la vivienda arrendada, tras el fallecimiento de su esposo que era titular del contrato, solo puede derivar de la subrogación prevista en el artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964.

Así, lo establece el Tribunal Supremo (TS), en un auto de 18 de octubre de 2017, que declara que el derecho de la esposa a la subrogación es parte del contenido de la locación e independiente del régimen de bienes del arrendatario.

El ponente, Salas Carceller considera que esta situación es perfectamente compatible con el régimen de subrogación impuesto por los artículos 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 y 16 de la LAU de 1994 .

7) En el caso en que la Inspección de Hacienda descubra operaciones ocultas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no facturadas, se considera que el IVA se encuentra incluido en el precio pactado por las partes por dichas operaciones, según establece el Tribunal Supremo, en una sentencia de 27 de septiembre de 2017.

El ponente, el magistrado Fernández Montalvo, explica que esta doctrina es consecuencia de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la distinción entre las ventas correctamente contabilizadas para la determinación de las correspondientes bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades (IS) o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en las que se entiende incluido en el precio el IVA, y las ventas sustraídas a la legalidad tributaria en las que Hacienda entendía que no procedía tal inclusión.

Recuerda el ponente que el TJUE, en sentencia de de 7 de noviembre de 2017, ha establecido como doctrina judicial que cuando un contrato de compraventa se celebra sin mención del IVA, considerar la totalidad del precio -sin deducción- como la base a la que se aplica el IVA, tendría como consecuencia, en el supuesto de que el Derecho nacional no permita al vendedor recuperar del adquirente el impuesto después exigido por la Administración tributaria, que el IVA gravaría a dicho vendedor, en contra del principio de que se trata de un impuesto sobre el consumo que debe soportar el consumidor final.

 

 

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN SEPTIEMBRE DEL 2017

1) El empresario o profesional que tiene intención, confirmada por elementos objetivos, de iniciar con carácter independiente una actividad económica y realiza los primeros gastos de inversión, debe ser considerado sujeto pasivo, y al actuar como tal, tiene derecho a deducir de inmediato el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) devengado o ingresado por los gastos de inversión efectuados por las necesidades de las operaciones que pretende realizar y que tengan derecho a deducción, sin esperar al inicio de la explotación efectiva.

Así, lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de julio de 2017, que determina que el criterio preferente para proceder a la deducción del IVA soportado antes del inicio efectivo de las operaciones gravadas es la intención de destinar los bienes o servicios adquiridos o recibidos a una determinada actividad empresarial.

Así, señala el ponente, el magistrado Martínez Micó -en línea con la sentencia de la propia Sala- de 7 de marzo de 2014-, que una vez nacido el derecho, sigue existiendo aunque la actividad económica considerada no diera lugar a operaciones sujetas a gravamen o aunque el sujeto pasivo no hubiera podido utilizar los bienes en operaciones sujetas al impuesto a causa de circunstancias ajenas a su voluntad.

2) En la gradación de incapacidad de los trabajadores las lesiones que son supuestamente iguales pueden diferenciarse por el modo en que afectan a cada trabajador, o en su repercusión funcional, según establece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, en sentencia de 20 de julio de 2017.

El ponente, el magistrado Castro Mejuto, considera que los Tribunales Superiores de Justicia han renunciado a establecer criterios generales y abstractos que organicen la inclusión de las situaciones de incapacidad permanente (IP) en uno u otro grado, y niegan la posibilidad de establecer comparaciones entre diversos supuestos resueltos judicialmente de forma distinta. A este respecto, cita la sentencia del Tribunal Supremo (TS), de 9 de marzo de 1995, en que se reconoce expresamente esta circunstancia.

La decisión debe acomodarse a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas particularidades del caso a enjuiciar -según la sentencia del TS de 2 de abril de 1992- que lo diferenciarán de las situaciones de otros distintos afectados, tanto por la incidencia de otras lesiones, como por la concreta actividad desempeñada por el mismo, que es la determinante a efectos de esa valoración – como establece el TS en su sentencia de 23 de noviembre de 2011-.

3) El hecho de que una empleada se encuentre ausente por un permiso de maternidad durante todo o la mayor parte de su periodo de prácticas o de prueba no habilita a la empresa o a la Administración empleadora a dar por no superada dicha fase. Al contrario, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la empleada tiene derecho a reincorporarse al puesto al que optaba y a disfrutar del periodo de prueba para que sea evaluada su aptitud para ocuparlo.

La sentencia, del 7 de septiembre, se apoya en la Directiva 2010/18, que aplica el Acuerdo marco sobre el permiso parental, y que determina en el apartado 1 de su cláusula 5 que “al final del permiso parental el trabajador tendrá derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo o, en caso de imposibilidad, un trabajo equivalente o similar”. El apartado 2, por su parte, determina que los derechos adquiridos o en curso de adquisición al inicio del permiso deberán mantenerse sin modificaciones hasta el final del mismo.

4) Jurisprudencia

Responsabilidad por sanciones: en los procedimientos abiertos al aprobarse la Ley 7/2012 no procede anular el acuerdo de responsabilidad sino retrotraer actuaciones para que el responsable se manifieste sobre si acepta en conformidad o no

Notificar el inicio de un nuevo procedimiento junto con la caducidad del anterior no es irregular

Exceso en la provisión por depreciación de participaciones de grupo, multigrupo y asociadas y ajustes por errores contables

Inadmisión de la comprobación inspectora de la deducción por reinversión que había sido objeto de una comprobación limitada anterior

Asistir como observador a ferias es deducible en el IS como actividad de exportación

La Inspección no ha justificado la utilización del método del coste incrementado para la valoración de operaciones vinculadas

No cabe cuestionar la renuncia a la exención del IVA una vez impugnada la comprobación de valores por el ITP y AJD

Son ilegales las grabaciones obtenidas clandestinamente por el contribuyente en las actuaciones inspectoras, en las que pretende fundar coerción ilegal para firmar el acta

No cabe exigir que el heredero obtenga ingresos superiores al 50 por ciento respecto de la entidad constituida meses antes de la muerte del causante para aplicar la reducción del ISD

En apelación no puede condenarse por delito fiscal a una sociedad que no fue objeto de acusación en la instancia

5) Una modificación sustancial de las condiciones esenciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario y que sea perjudicial para los empleados tiene la consideración de despido de acuerdo con el Derecho europeo. Ello, siempre que dichas modificaciones se produzcan por motivos no inherentes a la persona del trabajador -la situación económica de la empresa, por ejemplo-. En consecuencia, cuando la empresa impulse un cambio sustancial de estos elementos del contrato que afecte a amplio número trabajadores -los definidos en los umbrales de la legislación-, ésta deberá tramitarse como despido colectivo.

En sentido inverso, tal y como determina el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en dos sentencias de 21 de septiembre -de las que ha sido ponente el magistrado Biltgen-, una modificación no sustancial de elementos no esenciales del contrato no podrá calificarse como despido y, en consecuencia, su tramitación no deberá seguir el procedimiento fijado para los ceses de carácter colectivo.

La Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, establece una protección mínima que todos los países de la UE deben garantizar a sus trabajadores sometidos a un procedimiento de este tipo, destinado a minorar, en la medida de lo posible, los efectos adversos del mismo. En la norma se exige que la empresa lleve a cabo determinados trámites de información y consulta previos a la adopción de la medida, tanto con la representación de los trabajadores como con la autoridad laboral a fin de preservar los derechos de los empleados.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN AGOSTO DEL 2017

1) El plus de antigüedad y el de mejora personal son compensables o absorbibles, tal y como determina el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia que rechaza el recurso de un trabajador contra la decisión de su empresa de neutralizar un complemento con el otro. La resolución razona que se trata de conceptos que no obedecen “a condiciones de trabajo singulares”, sino que, por el contrario, son de naturaleza personal y, por tanto, son “homogéneos”.

La homogeneidad entre conceptos es un requisito imprescindible para que pueda aplicarse el mecanismo de la absorción y la compensación salarial, cuya finalidad es la de evitar la superposición de incrementos salariales que tengan su origen en diferentes fuentes reguladoras. Así, por ejemplo, un plus contenido en el contrato laboral podría quedar neutralizado por otro regulado en el convenio colectivo.

“El mecanismo compensatorio únicamente es viable entre conceptos salariales que tengan idéntica o similar causa atributiva”, explica la sentencia, de 13 de julio; “lo contrario -admitir la sustitución global de la remuneración- comportaría una reestructuración salarial extramuros de las previsiones del artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores”.

2) El Tribunal Supremo ha aclarado varios preceptos sobre los empleadores plurales entre los que se encuentran los denominados empresa de grupo y grupo de empresas laboral. En una sentencia de 27 de junio de 2017, el Supremo aprecia la posibilidad de que la condición técnica de empleador la asuma todo el grupo mercantil para con un solo empleado y no para con el resto de la plantilla. Así, el Supremo avala la solidaridad de todas las empresas afectadas sobre la responsabilidad por las consecuencias económicas derivadas de cualquier incumplimiento empresarial.

De este modo, la condición de empleador grupo de empresas laboral puede deducirse de toda o la mayor parte de la plantilla – que es el supuesto más común-, pero también excepcionalmente cabe hablar de empleador como empresa de grupo cuando afecta a uno o varios trabajadores. “Y como bien apunta la sentencia, lo relevante no es la prestación de servicios para una empresa del grupo con incidencia en otras, sino si esa prestación puede calificarse de indiferenciada”.

“Es decir, el trabajo se debe realizar para una u otra empresa con independencia de la entidad a la que formalmente está adscrita”, añade. En definitiva, desde la única posición laboral en una empresa se tienen que prestar servicios indistintamente para la misma así como para otras para que se produzca esa clasificación.

3) La empresa tuvo conocimiento de la existencia de un blog con comentarios difamatorios y vejatorios hacia sus responsables y trabajadores, y ante la dificultad de rastrear la identidad de los usuarios, extrajo el disco duro del ordenador del trabajador, ahora despedido, con su consentimiento y presencia de notario y de los representantes legales de los trabajadores, para poder clonarlo y poder elaborar un informe pericial.

El trabajador fue despedido disciplinariamente al imputarle la empresa la autoría de tales comentarios pero el despido es improcedente por no haberse logrado acreditar, sin riesgo de duda, que efectivamente fuera el trabajador quien redactó los mensajes ofensivos.

Aunque el clonado del ordenador evidenció que desde él se podía acceder al panel de administración del blog, ello no basta para imputar sin más la autoría de los comentarios y expresiones en los que se basa la carta de despido.

Aunque el trabajador despedido participó en el blog, otros trabajadores también accedieron a él, y no consta en la empresa una limitación u orden sobre restricción de accesos a páginas web distintas a las propias para el desarrollo del cometido, ni que el ordenador fuese proporcionado únicamente como medio de trabajo.

No probado en qué medida el trabajador participó en la creación y mantenimiento del blog , la pericial informática practicada por la empresa no es suficiente para sustentar la imputación en la que se basa el despido disciplinario, y no ha sido completada por la débil explicación de los testigos de la parte demandada en relación a las sospechas, existiendo incluso dudas sobre los procedimientos utilizados para garantizar la cadena de custodia del disco duro.

La sentencia dictada por el TSJ, Murcia, Sala de lo Social de 12 de abril.de 2017 pese a declararla la improcedencia del despido, rechaza la alegación del trabajador de haberse vulnerado sus derechos fundamentales y su pretensión indemnizatoria porque con la actuación de la empresa no se ha causado daño alguno al trabajador.

4) Las deudas laborales, al igual que las comerciales, pueden suponer la condena solidaria de los administradores sociales, puesto que ni los artículos 105.5 de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL), ni el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), ni el actual 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), exigen que las deudas tengan que ser comerciales, sino que hablan de deudas de la sociedad en general.

Así lo reconoce el Tribunal Supremo, en una sentencia de 18 de julio de 2017 en la que determina que el derecho a la indemnización por despido no nace con el contrato de trabajo. La contraprestación a la prestación de los servicios laborales es el salario -artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores-, mientras que la indemnización por despido nace una vez que el mismo es declarado judicialmente improcedente y la empresa opta por la no readmisión -artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores-.

Los recurrentes denunciaban la infracción del artículo 367 de la LSC. Justifican la existencia de interés casacional por aplicación de una norma de vigencia inferior a cinco años, ya que el texto refundido de la LSC se aprobó 2 de julio de 2010. Por el contrario, el ponente, el magistrado Orduña Moreno, determina que el nacimiento de la obligación indemnizatoria, en el caso en litigio, tuvo lugar cuando la sociedad estaba ya en causa legal de disolución.

Por otra parte, entiende que la responsabilidad de los administradores es extensiva a los administradores de hecho, cuando en su actuación intervengan con las mismas facultades y atribuciones que los de derecho, tal y como ya se ha definido por la jurisprudencia del propio Tribunal, en sentencias de 4 de diciembre de 2012, 22 de julio de 2015 y de 8 de abril de 2016.

5)No es precisa una cualificación profesional para ser promotor inmobiliario, puede serlo cualquiera, pero no pueden alegar su desconocimiento de la conceptuación jurídica de las parcelas, dada su falta de cultura, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia, de 20 de julio de 2017.

El ponente, el magistrado Sánchez Melgar, determina que la previsión de la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio contenida en el precepto, no puede excluir de la autoría del delito a las personas que promuevan o construyan sin licencia o excediéndose de la concedida, y que no sean profesionales, pues no deja de tener sentido dicha inhabilitación aún en dicho caso, puesto que tales actividades están sujetas al régimen de licencia y autorización y ello ya comporta una relación con la Administración de que se trate.

6) La empresa no puede modificar unilateralmente el calendario laboral para el siguiente año, si lo que pretende es reducir la jornada habitual para minorar el eventual exceso de jornada en cómputo anual y por tanto, la desaparición de días y horas de libranza compensatorios.

Así, se lo establece, la Audiencia Nacional en sentencia de 27 de julio de 2017, en la que la ponente, la magistrada Ruiz Jarabo Quemada, declara nula la decisión empresarial al concluir que la cuestión debe solventarse dentro del marco regulador que convinieron las partes negociadoras del convenio colectivo.

7) La Audiencia Nacional rechaza que la empresa elimine la cesta de Navidad tras un periodo de crisis si no justifica de forma precisa los motivos económicos que han llevado a su anulación. De este modo, una sentencia de la Audiencia Nacional, de 17 de julio de 2017, establece que el argumento de que las condiciones económicas son malas, sin desarrollarlo, produce, ante la falta de claridad, un pacto de mejoras sociales sujeto a la exclusiva voluntad de uno de los contratantes, contrariando lo prohibido por el artículo 1.256 del Código Civil.

La magistrada Ruiz-Jarabo, ponente del fallo, explica que si no se desarrolla en el punto del pacto de mejoras sociales de la empresa a qué se refiere cuando establece que la cesta se entregará “cuando las condiciones económicas lo permitan”, se produce entonces un pacto de entrega de la cesta de Navidad “realmente no condicionado y por ello exigible sin condicionamiento alguno”. De este modo, la magistrada entiende que “estamos ante un pacto de mejoras sociales sujeto a la exclusiva voluntad de uno de los contratantes y que, ante su falta de claridad, no puede sino interpretarse en el sentido más adecuado para que el mismo pueda causar efecto”.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN JULIO DEL 2017

1) Los seguros médicos, de vida y los planes de jubilación satisfechos por la empresa forman parte del salario a los efectos de calcular la indemnización por despido, según establece una sentencia del Tribunal Supremo (TS), de 3 de mayo de 2017.

Por el contrario, el propio TS en sentencia de esa misma fecha y con el mismo ponente -el magistrado- De Castro Fernández- determina que los pluses de vestuario profesional del trabajador y de transporte, si remuneran de forma efectiva estos conceptos tienen carácter extrasalarial y sus importes no han de formar parte de la base salarial para calcular la indemnización.

2) Legislación:

3) La extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla de un centro de trabajo -que no de una empresa- como consecuencia del cese de su actividad no tendrá la consideración de despido colectivo. Así lo determina el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), en una sentencia del 13 de junio, en la que rechaza que a este tipo de supuestos pueda establecerse el centro de trabajo como unidad de referencia y deban, en consecuencia, tramitarse como un ERE.

4) En los acuerdos anteriores a la declaración de quiebra -o acuerdos pre-pack- en los que se pacte el traspaso de empresas, centros de actividad o partes de los mismos, se mantiene vigente la prohibición de realizar despidos fundados en el propio traspaso, así como el resto de los derechos de los trabajadores consagrados para estos procedimientos. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de 22 de junio, de la que ha sido ponente el magistrado Jiri Malenobsky.

La resolución subraya que no cabe equiparar un proceso de quiebra con una operación que prepara la quiebra, que es lo que pretende un acuerdo pre-pack. Asimismo, deben distinguirse los procedimientos que buscan liquidar los bienes del cedente -y satisfacer a los acreedores- de aquellos que lo que persiguen es proseguir la actividad de la empresa.

5) La Justicia ha declarado procedente el despido de un empleado por haberse reenviado correos electrónicos desde la cuenta de la empresa a su email particular, así como haber imprimido determinada información de la compañía. Un caso en el que resulta determinante, según la sentencia de 29 de marzo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, la claridad en la redacción de la normativa interna de uso de medios electrónicos que había redactado y difundido la empresa entre sus propios empleados.

Así, la resolución asevera que “no cabe duda que el actor incurrió en un claro abuso de confianza y deslealtad al reenviarse correos electrónicos remitidos a la empresa” y, además, considera que vulneró la prohibición de usar los medios de la empresa fraudulentamente”.

6) Con fecha 12 de julio de 2017, se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la Ley 7/2017, de 30 de junio, de tercera modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/2014, de 22 de octubre

Dicha Ley incluye una serie de modificaciones tributarias relativas al Impuesto sobre sucesiones y donaciones que tienen como finalidad:

Reducir la fiscalidad de las herencias en línea directa

Mejorar los beneficios fiscales que afectan a la adquisición de vivienda habitual por herencia

Fomentar la continuidad o la creación y ampliación de empresas y explotaciones agrarias

7) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estima que la interpretación que realizan las autoridades fiscales en este caso no es acertada ya que la tramitación del expediente fiscal de la interesada en esos términos está amparada en la Ley 35/2006 del IRPF, en cuyo tercer párrafo de su artículo 7h se regula dicho beneficio tributario con carácter general.

La ponente, la magistrada de la Peña Elías, dictamina que “no hay que olvidar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad Social.  De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente púbico tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general”.

8)Cuando existe un periodo de enfermedad no superior a tres días no es necesario que el trabajador sea declarado en situación de baja médica o IT, por lo que debe aceptarse como justificante los documentos de ausencia o reposo emitidos por los facultativos del Servicio Público de Salud o Mutua, según la respectiva contingencia. No cabe, por tanto, exigir la declaración de baja médica o incapacidad temporal para entender justificadas dichas ausencias y poder disfrutar del permiso o licencia retribuida. El permiso retribuido por enfermedad recogido en los convenios colectivos no tiene la misma naturaleza jurídica que la IT y, por tanto, no resulta de aplicación en orden a su justificación la normativa contenida en la Orden ESS 1187/2015, de 15 de junio, ya que mientras en el primer caso el trabajador tiene derecho a  ausentarse de su puesto de trabajo sin pérdida del salario, la IT se configura como un supuesto de suspensión del contrato con exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo. Por más que pudieran coincidir parcialmente las situaciones que dan lugar al permiso retribuido examinado y a la IT, no son idénticas, ya que para acceder al permiso basta que concurra una enfermedad, mientras que para que nazca la IT es necesario, además, que se reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social, exigencia no requerida en el permiso.

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN JUNIO DEL 2017

1)  El objetivo “justicia (tributaria)” vence al objetivo “recaudación” haciendo ilegítimo, y por tanto inconstitucional, el uso de esta categoría normativa para aprobar el régimen de “amnistía fiscal”

La sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017, pendiente de publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha declarado inconstitucional la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

Esa norma introdujo en nuestro ordenamiento jurídico lo que técnicamente se llamó declaración tributaria especial, si bien se ha venido denominando por su objetivo como “amnistía fiscal”.

2) Indemnizaciones por despido objetivo/colectivo. Ofrecimiento y depósito de la indemnización. Impugnación de despido individual en el contexto de un despido colectivo en el que se acordó con la representación colectiva el aplazamiento del pago de la indemnización.

Dado que la empresa no aportó prueba alguna dirigida a acreditar la iliquidez, tal ausencia de prueba no puede ser suplida por el acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores y la empresa, pues la libertad negociadora de los representantes colectivos en nombre de sus representados tiene límite, entre los cuales se encuentra el derecho de los trabajadores afectados por el despido colectivo a percibir la indemnización de despido, no solamente en la cuantía mínima legal de 20 días por año, sino también de forma simultánea a la entrega de la comunicación del despido individual de cada trabajador. El incumplimiento de requisitos formales conduce a la declaración de improcedencia del despido.

3)Procede la revisión de todas las sanciones impuestas, ejecutadas o no, en virtud de precepto infractor o sancionador declarado inconstitucional y nulo, aun con sentencia firme

Las primas de los seguros de vida y médico, así como un plan de jubilación, tienen naturaleza salarial y han de computarse en la determinación indemnizatoria por despido

Accidente de trabajo. La aseguradora deberá abonar intereses moratorios si no avanza, al menos, una cuantía mínima de indemnización.

Policías municipales. No es compatible la pensión de incapacidad permanente total (IPT) con el desempeño de cometidos de segunda actividad

Pensión viudedad. Es válido el certificado de inscripción en cualquier registro específico de parejas de hecho, sea municipal o autonómico

La empresa debe hacer constar en las nóminas de forma clara y transparente el origen de los distintos conceptos retributivos devengados

Permiso retribuido por intervención quirúrgica sin hospitalización de familiar que precise reposo domiciliario. Interpretación del concepto

TSJ. Pedir permiso para acudir a votar en domingo puede conllevar minoraciones en el salario en algunas comunidades autónomas… y en otras no…

TSJ. Cuando el acoso entre trabajadores no es motivo de despido

TSJ. El acuerdo de aplazamiento del pago de la indemnización por despido objetivo con la representación legal de los trabajadores (RLT) no exime a la empresa de acreditar la iliquidez

TSJ. La Seguridad Social española debe reintegrar a los afiliados en España los gastos de urgencia vital que abonen en el extranjero

4)

Resolución de 19 de junio de 2017,del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2017 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 26-junio-2017) 

5) La DGT  modifica su criterio respecto de la obligación de llevar el libro registro de facturas recibidas una vez que entre en vigor el SII,  para los sujetos a los que les resulte aplicable o se acojan al mismo, aunque únicamente se realicen operaciones exentas

En una consulta de la DGT recientemente publicada de fecha de 20 de junio de 2017,  la DGT responde sobre el nuevo sistema de llevanza de libros a través de la Sede electrónica respecto  de una entidad que únicamente realiza actividades sujetas y exentas.

A partir del 1 de julio de 2017, esta entidad deberá llevar los libros previstos en el art. 62.1 Rgto IVA, a través de la Sede electrónica de la AEAT, en el caso de que el periodo de liquidación coincida con el mes natural o en caso de que opte voluntariamente por la llevanza de los mismos a través del nuevo sistema. La llevanza de libros a través de la Sede electrónica se basa en el envío automatizado de registros de facturación, de forma que no es necesario el suministro o envío de la propia factura, pues los registros contenidos en la misma son el fundamento de la información a suministrar.

 6) El poder disciplinario del empresario. Derecho a la intimidad del trabajador. Inexistencia de prohibición de utilización del ordenador portátil y teléfono móvil para usos personales.

Partiendo de la existencia de un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores, ante la inexistencia de prohibición expresa del empresario respecto de la utilización para fines privados de estos útiles de trabajo, ninguna infracción se ha producido por parte del trabajador, por lo que el examen de ambos cuando fueron entregados por el mismo, vulnera su derecho a la intimidad y, por tanto, no puede darse por bueno lo obtenido por el empresario en tal examen. Todo lo cual lleva a entender que no se ha producido ningún incumplimiento grave y culpable del trabajador, siendo el despido calificado como improcedente.

 

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN MAYO DEL 2017

1)  El cargo de administrador de una sociedad tiene carácter gratuito salvo que los estatutos de la compañía establezcan lo contrario. Aunque no exista una remuneración, el administrador sí tiene la obligación de cotizar a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Ante esta situación, surge la duda de si las cuotas sociales que abona el administrador pueden ser deducibles en el IRPF. Y la respuesta es que sí.

Así lo refleja una reciente consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT). “Tributos no ve problema en ello, entendiendo que dicha deducción es posible, aunque genere al contribuyente rendimientos negativos. Y ello, tanto si el contribuyente opta por la tributación individual como por la conjunta”

2) Dado que el empresario había delegado en una gestoría la práctica del alta del trabajador el día anterior al inicio de la prestación laboral, pudo razonablemente entender y confiar en que al inicio de la prestación de servicios el trabajador posteriormente accidentado estaba en alta, no constando aviso alguno de la gestoría en sentido contrario. No puede entenderse que la breve demora de la gestoría, que no de la empresa, en la tramitación telemática, pueda determinar una responsabilidad empresarial. La empresa ha hecho lo que estaba en su mano para el cumplimiento de su obligación, de modo que fueron circunstancias ajenas a la misma y que estaban fuera de su control (problemas de conexión a internet del gestor autorizado en el sistema RED) las que determinaron el incumplimiento puntual de la obligación de dar de alta al trabajador, por lo que no hay voluntad incumplidora del sistema de protección y cobertura.

3)¿Tienen las empresas la obligación de llevar a cabo un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados? A día de hoy es una incógnita. Si se atiende al criterio del Tribunal Supremo (TS), no. Pero según están trasladando las Inspecciones de Trabajo provinciales a las consultas que se les están realizando desde despachos y asesorías, sí. Una situación que, según manifiestan sindicatos y empresarios, está provocando una gran inseguridad jurídica y expone a las empresas a sanciones de más de 6.000 euros.

La polémica se produce por las distintas interpretaciones que los tribunales han dado al artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

La Audiencia Nacional, en el marco de un litigio contra Bankia, resolvió -en una sentencia del 4 de diciembre de 2015- que las empresas debían llevar a cabo un registro diario de las horas que realizaba cada empleado, con independencia de que éste realizara o no horas extra -el registro, precisamente, era lo que permitiría saber si se hacían o no, argumentó el fallo-.

En la sentencia de casación del procedimiento, dictada el pasado 23 de febrero, el Pleno de la Sala de lo Social del TS tumbó dicho criterio y estableció que únicamente debían anotarse las horas extra.

Entre ambas resoluciones, la Inspección de Trabajo ordenó una campaña para controlar las horas de trabajo y dictó la Instrucción 3/2016 que detallaba cómo debían llevar a cabo las empresas el cómputo horario. El documento advertía de que la ausencia del registro sería considerado una infracción grave, cuya sanción puede alcanzar los 6.250 euros.

4) Ya es definitivo: las empresas no tienen la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados. El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la segunda sentencia que anula la condena impuesta a una empresa de establecer un sistema de registro de la jornada de la plantilla, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido.

5) La Sala descarta que se aplique la presunción de laboralidad del artículo 156.3 del TRLGSS, pero sí, reconsiderando su postura de sentencias anteriores, el número 1 del mismo precepto legal, entendiendo que la lesión se ha producido con ocasión del trabajo ejecutado por cuenta ajena, aplicando la teoría de la ocasionalidad relevante, de tal forma que sostiene que la salida de la trabajadora a la calle estuvo vinculada con el trabajo, pues solamente por razón del mismo se produjo la salida y por tanto el percance. Con dicha expresión (ocasionalidad relevante), más que a una causa propiamente dicha, evoca a la concurrencia de una condición sine qua non por la que se produce el accidente, la cual se caracteriza por una circunstancia negativa y otra positiva. La primera alude a que los elementos generadores del accidente no son específicos o inherentes al trabajo y la segunda a que o bien el trabajo o bien las actividades normales de la vida del trabajo hayan sido condición sin la que no se hubiese producido el evento. La realidad evidencia que es ordinario o habitual este tipo de breve salida en jornadas que superan las seis horas de trabajo continuado para disfrutar de este tipo de descansos, no debiendo considerarse que se esté ante una salida desvinculada con el trabajo que hasta instantes antes se ha realizado. Es de destacar que el Tribunal considera que dicho tiempo de descanso debe equipararse a tiempo de trabajo, como extensión de su reconocimiento en la presunción del apartado 3 de aquel precepto.

6) Jurisprudencia

El aquietamiento parcial no lleva asociada la ejecución parcial de reclamaciones y sentencias y por tanto no afecta al comienzo del plazo de prescripción

Conceptualmente una sentencia penal no puede contener liquidaciones tributarias que cierren paso a una solicitud de ingresos indebidos

La Administración tributaria no puede abusar de su posición denegando devoluciones de ingresos indebidos a entidades concursadas manteniendo bajo su control esas cantidades

Inclusión del fondo de comercio al calcular la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de una oficina de farmacia

La indicación como domicilio en el IRPF el inmueble legado no presupone la aceptación de la herencia

No es garantía suficiente a efectos de suspensión la maquinaria que ha excedido de su vida útil

Presunción de validez de la nueva declaración del ISD tras observar un error de valoración en la escritura original

El exceso de cabida declarado es de tal entidad que sobrepasa la mera corrección y por tanto debe quedar sujeto a ITP y AJD

Terminada la comprobación pericial contradictoria la Administración debe notificar la liquidación correspondiente al administrado

La expresión “dinero depositado en los bancos” incluye además del metálico, las acciones y otros productos bancarios a efectos del ISD 

7) El pago de impuestos realizado por un contribuyente a una Administración tributaria no constituye una entrega de bienes a título oneroso y, por tanto, no tributa por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), según establece el Tribunal de Justicia de la UniónEuropea (TJUE) en una sentencia de 11 de mayo de 2017.

La ponente, la magistrada Camelia Toader, determina que una entrega de bienes solo se efectúa a título oneroso, si existe entre quien realiza la entrega y el comprador una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas, y el precio percibido por quien realiza la entrega constituye el contravalor efectivo del bien suministrado.

La magistrada basa su decisión en la doctrina jurisprudencial establecida por el propio TJUE en sentencias de 27 de abril de 1999 -Kuwait Petroleum-y de 21 de noviembre de 2013 -Dixons Retail-.

Así, razona que en el presente asunto, es cierto que entre quien entrega el bien inmueble y el beneficiario de éste existe una relación jurídica, como la que vincula a un acreedor con su deudor.

No obstante, determina la magistrada Toader, que la obligación de pago del sujeto pasivo, como deudor de una deuda tributaria, frente a la Administración tributaria, en su condición de acreedora de dicha deuda, es de naturaleza unilateral, en la medida en que el pago del impuesto por ese sujeto pasivo únicamente supone su liberación legal de la deuda, incluso si lo hace, como en el presente caso, mediante la dación de un bien inmueble

8) Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre.

El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, modificó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, para establecer un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Teniendo en cuenta que la publicación del referido Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, se produjo el día 6 de diciembre de 2016 y que los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual regulado en el artículo 30 de este Reglamento solo pueden solicitar la baja del mismo en el mes de noviembre y que la renuncia al régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido se debe realizar durante el mes de diciembre, se hace necesario habilitar un plazo extraordinario de renuncia, con efectos desde el 1 de julio de 2017, para que estos sujetos pasivos puedan solicitar la baja voluntaria y la renuncia respectivamente.

Con independencia de lo anterior, se establece que los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado no puedan optar por la aplicación del nuevo sistema de llevanza de libros registros derivado de la propia especialidad de este régimen especial del Impuesto.

 

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN ABRIL 2017

1) El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia en la que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2014, que condenaba a dicho banco, atendiendo una demanda de los sindicatos, a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla. El alto tribunal sí mantiene, ya que no fue impugnada por Bankia, la parte del fallo de la Audiencia Nacional que determinó que la empresa debía proceder a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extras realizadas en cómputo mensual.

El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva (S. 170/2013)”.

La sentencia explica que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, pues es principio de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro que nos ocupa y no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, solamente, una falta leve, en los supuestos previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto Legislativo citado”.

Añade que la solución dada “no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

La sentencia cuenta con tres votos particulares, firmados por 5 de los 13 magistrados que la suscriben, partidarias de desestimar el recurso de Bankia y de confirmar el fallo de la Audiencia Nacional.

2) A juicio del Tribunal Central, en Resolución de 4 de abril de 2017, el hecho de que la Ley permita al contribuyente elegir entre compensar o no las bases imponibles negativas y, en el primer caso, el importe a compensar dentro de los límites posibles, entra plenamente dentro del concepto de “opción”.

La compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores es una excepción al principio de independencia de ejercicios que se practica reduciendo la base imponible de los ejercicios posteriores, es decir, que opera sobre la base. La Ley reconoce a los sujetos pasivos el derecho a compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores; el ejercicio de dicho derecho es potestativo y no imperativo, debiendo ser el sujeto pasivo el que decida, dentro de los límites legales establecidos para ello, si ejercita o no su derecho a la compensación, así como el importe de la misma. Además se trata de una opción que se ejercita “con la presentación de una declaración”, que es la declaración del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la elección respecto de la compensación o no y, en caso afirmativo, de la cuantía de la misma, cumple todas las condiciones para que le resulte aplicable el art. 119.3 de la Ley 58/2003 (LGT).

3)Que el actuario no supiera aún que estaba fuera del plazo máximo de desarrollo de las actuaciones no dota a la “primera diligencia” de carácter interruptivo

La rectificación de una escritura anterior para señalar que la fecha de la operación no es la señalada en aquella sino en un contrato privado anterior determina el devengo de la operación

Una vez requerido el pago a cada uno de los obligados solidarios, sólo interrumpen la prescripción de su obligación las actuaciones realizadas respecto de cada uno de ellos

No es suficiente para probar la no existencia de incremento de valor del terreno el informe del proceso de fusión entre dos sociedades

Interrupción de la prescripción del derecho a solicitar una rectificación por un acuerdo de compensación, acto que no encaja en ninguno de los supuestos de la Ley

No procede la comprobación de valores y debe tomarse como precio de la compraventa el fijado en la subasta desierta

La maquinaria de una planta de tratamiento de residuos forma parte de la base imponible ICIO

No es admisible que se pida al comprador que indague si la baja en la actividad del vendedor es o no cierta a los efectos de las limitaciones a los pagos en efectivo

Una explicación alternativa mínimamente razonable y no desvirtuada por la acusación evita la imputación de un delito contra la Hacienda pública por incremento patrimonial no justificado

Por fin se publica oficialmente el auto que inició la cuestión de inconstitucionalidad contra la norma estatal que ampara cobrar “plusvalía” municipal en supuestos de pérdida de valor de los terrenos

Las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla

El Tribunal Supremo eleva a 20 días la indemnización de los indefinidos no fijos de la Administración cuyo contrato se extingue por cobertura reglamentaria de la plaza

Despido objetivo. Falta de liquidez en el momento de pago de la indemnización. ¿Vale como prueba aportar el saldo de las cuentas bancarias?

Parejas de hecho. Compatibilidad de la pensión de viudedad con otras prestaciones

Eficacia prestacional de cuotas pendientes del REA abonadas de modo inmediato por los familiares del causante tras el deceso

Vacaciones. Satisfacción mediante pago de cantidad. Intereses por mora

Cálculo de la indemnización por despido improcedente de trabajadores expatriados. ¿Qué se debe incluir?

El despido nulo de una empleada de hogar no obliga a su readmisión

Ineptitud (laboral) vs Aptitud (Seguridad Social): la gran paradoja

Prestación en favor de familiares. Responsabilidad del menor en la devolución de cantidades indebidamente percibidas

Fecha de efectos de las pensiones del SOVI cuando media error de la TGSS en la emisión de informes de vida laboral

4) El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de marzo de 2017, ratifica su anterior fallo de 14 de julio de 2016, y establece la igualdad a efectos tributarios del Impuesto sobre Sucesiones, entre los familiares cosanguíneos y los políticos, por afinidad matrimonial.

De esta manera, el Alto Tribunal rebate la doctrina del Tribunal Económico -Administrativo Central (Teac), que venía manteniendo que con la extinción del matrimonio concluía la relación familiar entre el cónyuge superviviente y los familiares del fallecido.

El ponente, el magistrado Maurandi Guillén, establece que “donde la Ley no distingue no cabe distinguir”, afirmación que sustenta en el razonamiento de que “es obvio que el legislador no ha querido que existieran diferencias entre los colaterales por consanguinidad y por afinidad, derogando las normas contrarias que han estado vigentes, reglamentariamente, hasta 1967”.

 

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN MARZO DEL 2017

1) El pliego de condiciones de una licitación no puede imponer a las empresas aspirantes la contratación de los trabajadores de la anterior adjudicataria, tal y como determina el Tribunal Administrativo (TA) de Contratación Pública de Madrid.

En el litigio, una de las empresas aspirantes impugnó el pliego de cláusulas de un contrato de la Comunidad de Madrid y solicitaba que se anulara la condición de subrogación del personal. La Administración alegó que, según un sentencia de 25 de marzo de 2015 de la Audiencia Nacional (AN), cabe la subrogación contractual vía pliego.

En su resolución, de 2 de noviembre de 2016, el TA admite que se trata de una cuestión polémica, con pronunciamientos dispares entre la jurisprudencia laboral y la contencioso-administrativa. Así, mientras la primera se muestra partidaria de admitir la subrogación, la segunda se inclina por su rechazo.

En este sentido, la Sala de lo Social el Tribunal Supremo (TS) -sentencia de 4 de abril de 2005-, asevera que cabe admitir la sucesión cuando la imponga el convenio colectivo estatutario o el pliego. En todo caso, -sentencia de 20 de febrero de 2000-, exige la autorización de los trabajadores.

Sin embargo, el TA subraya que “no cabe entender que el cambio de contratista para la ejecución de un contrato de servicios constituya un supuesto de sucesión de empresas”. Para que exista es necesario que la transmisión afecte al conjunto de elementos patrimoniales sobre los que se sustenta la producción, y no basta el mero traspaso de la actividad y de los contratos de trabajo a ella vinculados.

La jurisprudencia contencioso-administrativa -sentencias del 11 de mayo de 2001 y de 3 de junio de 2002 del TS- ha determinado que la única vía por la que puede operar una subrogación obligatoria es que así se establezca en el convenio colectivo sectorial.

2) El Tribunal Supremo confirma su doctrina sobre la aceptación como medio de prueba de la grabación de imágenes por cámaras de vídeo-vigilancia sin el aviso previo al empleado y obliga a un juzgado de lo Social a admitirlas y volver a emitir sentencia sobre un despido, que en su momento desestimó

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de 31 de enero, en unificación de doctrina que admite como prueba en los juicios por despido las grabaciones efectuadas por las cámaras de vídeo-vigilancia en el lugar de trabajo.

La empresa demandante despidió a un dependiente por transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza por una “presunta actuación de hurto y de manipulación de tickets en diversas ocasiones”.

Lo justificó aportando como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Barcelona y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictaminaron que la prueba había sido obtenida vulnerando el derecho a la protección de datos del trabajador por falta de información previa sobre la finalidad y el objetivo de la instalación de dichas cámaras, por lo que no podía ser considerada una prueba válida. En consecuencia, el despido fue considerado improcedente.

La nueva sentencia del Supremo concluye que la prueba es válida ya que los empleados conocían la presencia de las cámaras de vídeo-vigilancia porque había un letrero que indicaba la existencia de las mismas así como su ubicación, y que no se precisa de un consentimiento explícito de los trabajadores pues se presupone con la mera existencia de la relación laboral.

3) El artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, modifica en su apartado cinco la norma 4ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales, de la tercera parte, Cuentas anuales, del Plan General de Contabilidad, cuyo primer apartado queda redactada de la siguiente forma: “4.ª Cuentas anuales abreviadas 1. Las sociedades señaladas en la norma anterior podrán utilizar los modelos de cuentas anuales abreviados en los siguientes casos: a) Balance y memoria abreviados: Las sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes: – Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance.

El INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS – Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros. – Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. b) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada: las sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes: – Que el total de las partidas del activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance. – Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones ochocientos mil euros. – Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250. Cuando una sociedad, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las circunstancias antes indicadas o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado en este apartado si se repite durante dos ejercicios consecutivos Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante.”

4) No crea un derecho adquirido que la empresa haya venido computando el periodo de vacaciones al calcular el crédito horario -horas dedicadas a los asuntos sindicales- de los representantes de los trabajadores, según establece el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia de 1 de febrero de 2017.

El ponente, el magistrado Blasco Pellicer, recuerda que, según la sentencia del propio Tribunal Supremo, de 23 de marzo de 2015, “es imposible disfrutar de un permiso retribuido cuando el representante unitario o sindical disfruta de sus vacaciones, al ser imposible disfrutar un permiso cuando no se está trabajando”, lo que reduce el crédito horario de los representantes de los trabajadores a un máximo de once meses anuales.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies