1) El consejo de administración de las sociedades mercantiles es quien tiene las competencias para negociar las retribuciones y decidir la distribución de las mismas para los consejeros delegados y ejecutivos, pudiendo constar en los estatutos sociales, incluso, la gratuidad del desempeño de estos cargos.
Así se reconoce en una resolución de 30 de julio, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
2) Los profesionales que declaran por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que comparten vivienda habitual y centro actividad tienen derecho a deducirse los gastos de electricidad, agua, comunidad de vecinos, IBI y hasta las amortizaciones.
Así, lo ha dictaminado el Tribunal Económico Administrativo Central (Teac) en una resolución de 10 de septiembre de 2015, que acaba con la negativa de Hacienda a reconocer este tipo de deducciones.
La Sala señala que para el cálculo del rendimiento neto de una actividad económica en régimen de estimación directa, en el caso de utilización de un inmueble en parte como vivienda habitual, en parte para el ejercicio de la actividad, debe diferenciarse entre los gastos derivados de la titularidad de la vivienda y los gastos correspondientes a los suministros del inmueble.
3) Para que una aseguradora se libere de la obligación de indemnizar al perjudicado, ante el impago de la primera prima o prima única, en una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos, debe acreditar que ha enviado al tomador del seguro «un correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio admitido en derecho, por el que se notifique la resolución del contrato», según dictamina una sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de septiembre de 2015.
El fallo desestima el recurso de casación de una aseguradora y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a la aseguradora a pagar al Consorcio de Compensación de Seguros la indemnización abonada a los perjudicados por un accidente ocasionado por un vehículo, aparentemente, sin asegurar.
4) La obligación de que la empresa publique anualmente un calendario laboral, recogida en el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores (ET), no incluye la exigencia de especificar en él los días de vacaciones, los horarios o los turnos de trabajo de los empleados. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia del 20 de julio de 2015.
En el caso juzgado, una empresa recurre en casación la sentencia de la Audiencia Nacional que, tras una demanda de conflicto colectivo, le condena a publicar un calendario laboral en el que se especifiquen vacaciones, horarios y turnos de trabajo. El recurso cuestiona el contenido del término «calendario laboral» de la sentencia de instancia.
5) El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula el contenido del Documento Único Electrónico (DUE) para que mediante el mismo se puedan llevar a cabo, de manera integrada y por vía electrónica, los trámites necesarios para el cese de la actividad de las empresas individuales y para el cese y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada.
En este Documento de extinción y cese de actividad se incluirán todos los datos referentes al empresario individual y a las sociedades de responsabilidad limitada que deben remitirse a los Registros jurídicos (Mercantil, de la Propiedad…) y a las Administraciones Públicas (Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria…)
6) Imponer a un empleado la obligación de denunciar un delito cometido contra la empresa y observado en el desempeño de sus funciones laborales, no excede las atribuciones del poder de dirección que el Estatuto de los Trabajadores concede al empresario. Así lo determina una sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 17 de septiembre, de la que es ponente el magistrado Sempere Navarro.
En el caso enjuiciado, el TS confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, que desestimaba la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos de una empresa petrolera, en la que solicitaban la anulación del protocolo que obligaba a los encargados de las estaciones de servicio a denunciar los casos en los que los clientes, tras repostar, se van sin pagar.
7) A partir del 1 de marzo de 2016, la Administración estará obligada a permitir el pago de algunas tasas a través de tarjeta de crédito o débito en sus propias oficinas. En concreto, las correspondientes a la expedición de los certificados de penales, los actos de última voluntad y los contratos de seguros de cobertura de fallecimiento; también, la tramitación de autorizaciones de residencia y otra documentación a ciudadanos extranjeros, y la vacunación de viajeros internacionales.
Así lo dispone una Orden dictada por el Ministerio de Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, un texto que que modifica la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública.
8) La reclamación contra el promotor de una construcción por vicios o defectos no interrumpe la prescripción respecto del arquitecto o del resto de agentes intervinientes en la edificación. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia del 17 de septiembre de 2015.
El ponente, el magistrado Seijas Quintana, recuerda que la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) sí establece una obligación solidaria del promotor frente a los propietarios, en caso de acción dirigida contra cualquiera de los agentes de la edificación, y, en tal caso, «se interrumple el plazo de prescipción respecto del promotor». Pero este supuesto, afirma, no se produce «a la inversa».
9) El juez puede fijar una indemnización superior a la prevista en la decisión de reestructuración de un grupo empresarial, si se declara el despido improcedente, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 15 de julio de 2015, aún no publicada.
La sentencia declara que la Decisión de la Comisión sobre la reestructuración del grupo BFA -Bankia- y los artículos 107 y 108 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) no se oponen a que en un proceso de reestructuración por causas económicas se aplique la normativa nacional que, en caso de despido improcedente del trabajador, fija un importe de indemnización superior al mínimo legal.
10) Los contribuyentes con deudas hasta 30.000 euros podrán solicitar aplazamientos de pago sin garantías. Una orden ministerial que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, regula el incremento del límite para la exención, situado hasta ahora en los 18.000 euros.
11) Un empresario no puede modificar un horario de trabajo que beneficia a los trabajadores, impuesto de manera unilateral por la propia empresa, sin negociar con los empleados, ya que se considera condición más beneficiosa. La Audiencia Nacional establece que las concesiones voluntarias se convierten en derechos consolidados de los trabajadores, aunque no fuera la voluntad que impulsó la medida. «En definitiva, la modificación de una condición de trabajo vigente, individual o colectiva, con independencia de cuál sea su fuente, no puede ser introducida unilateralmente por la empresa», asevera.